El cruce político en Concordia se profundiza. La presidenta del bloque de concejales justicialistas, Carolina Amiano, salió a responder la carta pública del intendente Francisco Azcué, en la que el jefe comunal había defendido las cesantías de trabajadores municipales bajo el argumento de que el Estado «tiene que estar al servicio de la gente, no de la política».
Amiano no tardó en desmontar lo que consideró un argumento tramposo. «Nadie discute que el Estado deba administrarse con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Lo que cuestionamos es que esa supuesta reorganización se lleve adelante sin explicaciones concretas, sin criterios objetivos conocidos y afectando a trabajadores que durante años prestaron servicios esenciales para la comunidad», señaló la edil.
El punto más sensible del planteo justicialista pasa por la falta de fundamentos verificables. Cada despido debería responder a una causa objetiva y respetar el debido proceso, sostuvo Amiano, quien recordó que entre los desvinculados había enfermeras con más de once años de antigüedad que realizaban salidas sanitarias a los barrios. «¿Cuál fue el criterio técnico para considerar prescindible ese recurso humano? Esa respuesta todavía no existe», preguntó sin anestesia.
La concejal también puso en duda el argumento económico de la gestión. Señaló que, en paralelo a los despidos, el municipio habría incrementado la contratación de empresas privadas para cubrir servicios que antes realizaba personal propio. «Si el objetivo es reducir el gasto, corresponde demostrar con datos que la tercerización efectivamente genera un ahorro para el Estado y una mejora en la calidad de los servicios. Hasta el momento esa información no fue presentada públicamente», afirmó.
Pero el dato que más ruido genera llegó al final. Amiano advirtió que algunos de los empleados cesanteados habrían sido convocados para reincorporarse bajo la modalidad de monotributistas, con una remuneración inferior a la que percibían antes. «Si esa información se confirma, no estaríamos frente a una verdadera reorganización del Estado sino ante un reemplazo de relaciones laborales por formas de contratación más precarias, con menor protección de derechos», alertó.
En ese marco, el bloque justicialista reclamó que el Departamento Ejecutivo informe públicamente cuántos casos de esa modalidad existen, bajo qué criterios se realizaron las convocatorias y cuál es el fundamento legal de esa decisión. Amiano también le recordó a Azcué que «después de más de dos años de gestión ya no alcanza con responsabilizar permanentemente a las administraciones anteriores». La pelota quedó en la cancha del intendente.
