El peronismo entrerriano no perdonó. Después de que las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda acompañaron el dictamen oficialista sobre la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, el bloque de diputados de Más para Entre Ríos salió a repudiarlas públicamente y dio el paso que puede costarles la pertenencia al partido: activó el Tribunal de Disciplina del PJ.
La decisión de ambas senadoras fue calificada por sus propios compañeros de bloque como un voto «a título personal», desconectado de la postura que el Congreso Provincial del Partido Justicialista había fijado con claridad: oponerse a la iniciativa. No hubo ambigüedad en el mandato, y sin embargo las dos legisladoras eligieron cruzar la línea.
El comunicado del bloque fue directo y sin anestesia: «Cada legislador o legisladora deberá asumir la responsabilidad política e institucional de la decisión que tomó. Porque detrás de cada voto hay miles de docentes, trabajadores de la salud, policías, empleados públicos, jubilados y familias entrerrianas cuyo futuro previsional se verá afectado por esta reforma». Palabras que suenan a advertencia, pero también a sentencia.
El peronismo se encargó de aclarar que nunca se negó al debate. De hecho, presentó un proyecto alternativo que proponía garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones sin tocar los derechos adquiridos: nuevas fuentes de financiamiento, mayor transparencia, planificación actuarial permanente y recuperación de fondos adeudados por la Nación. El oficialismo, según el bloque, «eligió otro camino»: hacer recaer el peso del ajuste sobre los trabajadores que durante años realizaron uno de los aportes previsionales personales más altos del país.
Hay otro eje en la crítica peronista que vale la pena no perder de vista. El bloque acusó al Gobierno provincial de haber buscado deliberadamente involucrar a la oposición en el debate para «diluir su responsabilidad política». En esa lectura, el voto de Domínguez y Miranda no sería solo una traición interna sino también un favor al relato oficial. Una jugada que, según los legisladores, «contribuye a ese propósito».
Ahora el expediente pasa al Tribunal de Disciplina partidario, que deberá actuar conforme a la Carta Orgánica del PJ. Las sanciones posibles van desde un apercibimiento hasta la expulsión. El resultado definirá no solo el futuro político de las dos senadoras dentro del partido, sino también el nivel real de cohesión que el peronismo entrerriano puede sostener de cara a los próximos desafíos electorales.
