Cheques consecutivos cobrados por ventanilla, siempre con el mismo cajero, en un mismo día. Dinero que salía del banco y después no aparecía en los registros contables de la empresa. Esa es parte de la radiografía que los funcionarios del ARCA presentaron este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio oral por la causa Cuadernos, el expediente que investiga el pago sistemático de sobornos entre 2003 y 2015.
El testigo clave de la jornada fue Enrique Bejarano, administrador tributario del organismo recaudador, quien explicó que por orden judicial le tocó fiscalizar al grupo Roggio. Su misión era clara: determinar si hubo movimientos financieros espurios por parte del holding. Lo que encontró generó un informe que la entonces AFIP confeccionó en 2018.
El punto más llamativo, según relató Bejarano ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, fue el mecanismo de retiro de efectivo. “Eran cheques consecutivos, en un mismo día y siempre con el mismo cajero. Operaban con el Banco Macro“, describió el testigo. Al cruzar esos retiros con los asientos contables de caja, la inconsistencia fue evidente: los montos registrados en los libros de la empresa eran “muy inferiores a lo extraído”. El dinero, una vez retirado, perdía trazabilidad.
La audiencia también abordó el caso de Carlos Wagner, otro de los imputados colaboradores en el expediente. Ambos empresarios forman parte de un extenso listado de contratistas y concesionarios del Estado cuyas operaciones financieras fueron puestas bajo la lupa a partir de la información aportada por el financista Ernesto Clarens, cuando este se convirtió en colaborador de la justicia.
El Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal auxiliar Nicolás Codromaz en esta instancia, sostiene que los empresarios no fueron víctimas pasivas del sistema: fueron beneficiarios de la maniobra de corrupción. La acusación los ubica como parte de lo que el requerimiento de elevación a juicio describe como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la recaudación de fondos ilegales que en algunos casos derivaron en operaciones de lavado de dinero dentro y fuera del país.
Por su parte, Aldo Benito Roggio había aportado su propia versión como imputado colaborador. Sostuvo que nunca pretendió torcer la voluntad de ningún funcionario y que las presiones que recibió provenían de “una gestión de gobierno de neto corte autoritario”. Describió las exigencias del kirchnerismo para el pago de sobornos como algo que enfrentó con “cautela y prudencia” desde su rol como presidente de BRH.
La causa Cuadernos, que tiene a Cristina Kirchner procesada como jefa de la asociación ilícita, acumula ramificaciones que van desde las coimas en la importación de gas licuado hasta la cartelización de obra pública y el lavado de activos atribuido al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz. El juicio oral arrancó el 6 de noviembre del año pasado y las declaraciones testimoniales de los funcionarios del fisco son una pieza central para reconstruir el circuito financiero de los pagos ilegales.
