No es un error de cálculo ni un daño colateral. Es el plan. Esa es la lectura que hace APYME Entre Ríos sobre el cierre masivo de empresas en la provincia y en todo el país, y la entidad lo dice sin eufemismos: lo llaman “industricidio”.
Los números que maneja la organización provienen de la Superintendencia de Seguros de la Nación: en los últimos dos años cerraron 800 empresas en Entre Ríos y más de 27.000 en todo el país. El saldo en puestos de trabajo perdidos supera los 110.000 empleos. No son proyecciones ni estimaciones de parte: es el registro oficial.
El referente de la entidad, Caíno, fue concreto al enumerar casos locales. Mencionó el cierre o la situación crítica de Frutafiel (jugos, en General Ramírez, Diamante), Unionbat (baterías para autos, Gualeguaychú), Valentinuz Hnos. (aberturas, Paraná), la metalúrgica Menghi (Paraná), Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay) y Laboratorios Pyam (Gualeguaychú). “No hay sector pyme que no esté profundamente alterado”, subrayó. “Es desesperante, estamos en situación límite”.
Desde la entidad señalan que el problema tiene varias patas. Una es la apertura de importaciones, que incluye la posibilidad de traer equipos industriales usados, compitiendo directamente con la producción local. Otra es el perfil de las inversiones que llegan al país, orientadas casi exclusivamente a la producción primaria y extractivista: minería, petróleo, arena para fracking. “Esas extracciones no dejan nada; dejan dos pesos de Ingresos Brutos y pagan menos impuestos que nosotros”, remarcó Caíno, quien también apuntó a la extracción de arena del río Paraná para abastecer a Vaca Muerta.
El cuestionamiento también alcanzó a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Según Caíno, la iniciativa busca eliminar el límite del 15% para la compra de tierras por parte de extranjeros, establecido por la Ley de Tierras Rurales de 2011. “Si alguien tiene plata y dice: ‘yo quiero la provincia de Entre Ríos’, la compra. Este es el camino por donde vamos”, advirtió.
La crítica al modelo se extendió al ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo patrimonio declarado asciende a 11.851 millones de pesos, casi el doble de lo que declaró al asumir en 2023, con casi dos tercios radicados en el exterior. Desde APYME señalan la contradicción: el funcionario que pide invertir en Argentina tiene sus propios activos afuera. “Están haciendo exactamente lo contrario”, dijo Caíno.
La entidad insiste en que la respuesta oficial a la crisis pyme, tanto desde la Nación como desde la provincia, es insuficiente. El año pasado presentaron un proyecto declarando la emergencia fiscal y energética del sector, sin resultados concretos. Mientras tanto, el mapa industrial entrerriano sigue achicándose empresa por empresa, localidad por localidad.
