Dos provincias, un límite viejo de 57 años y un mega proyecto minero en el medio. Eso es lo que está en juego en la disputa que La Rioja acaba de escalar contra San Juan con una ley promulgada este viernes por el gobernador Ricardo Quintela.
La norma, la Ley N° 10.876, busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004 sancionada en 1968 durante la dictadura, que fijó los límites interprovinciales sin participación del Congreso. Según La Rioja, esa delimitación le arrebató unos 2.600 kilómetros cuadrados que fueron cedidos a San Juan por autoridades de facto. Quintela lo presentó como una cuestión de soberanía: “iniciaremos acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”, dijo al promulgarla.
Pero el timing no es inocente. La disputa territorial se reactiva justo cuando un mega emprendimiento minero en el noroeste sanjuanino está listo para tributar a San Juan y usar el territorio riojano para el paso de cargas. Plata que, si los límites se movieran, podría cambiar de jurisdicción. La ley riojana también instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a pedir medidas cautelares que frenen la explotación de recursos en la zona en disputa hasta que haya una resolución de fondo.
Del otro lado de la cordillera, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego salió con los tapones de punta. “Nuestra jurisdicción no está en discusión”, afirmó, y recordó que “el propio Congreso confirmó la vigencia de los límites en 2014“. Llamó a todas las fuerzas políticas de San Juan a defender “lo que nos pertenece” con “la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.
Que dos dirigentes del mismo Partido Justicialista estén en esta pelea dice bastante del estado interno del peronismo. Quintela es uno de los referentes más fieles de Cristina Kirchner, mientras que Orrego mantiene un diálogo fluido con el gobierno de Javier Milei y su provincia es una de las principales impulsoras del RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones orientado al desarrollo minero. La grieta no es solo de límites: es política, económica y estratégica.
El jefe de Asesores del gobierno sanjuanino, Rodolfo Colombo, fue más directo y sin vueltas: calificó la movida de Quintela de “bravuconada” sin “asidero ni fundamento jurídico”, y la comparó con alguien que dijera que “la Patagonia es de San Juan”. El jueves, además, la Legislatura sanjuanina había aprobado su propia Ley de Desarrollo Local Minero, presentada por el vicegobernador Fabián Martín como herramienta clave para el crecimiento y el empleo provincial. La promulgación riojana al día siguiente fue leída en San Juan como una provocación directa.
El conflicto tiene ahora destino judicial: si La Rioja avanza con las acciones ante la Corte Suprema, el máximo tribunal deberá dirimir una disputa territorial que lleva décadas sin resolverse y que hoy tiene millones de dólares en juego.
