No es nuevo, pero tampoco es menor. El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto que renueva el programa «Poder Popular» para el ejercicio 2026, con una inversión total de $550 millones destinada a organizaciones sociales de toda Entre Ríos. La iniciativa se ejecuta a través del Ministerio de Desarrollo Humano y quedó publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El programa no es una novedad de esta gestión: existe desde 2013 y se viene prorrogando año a año. Lo que cambia en esta edición es el volumen de fondos y la claridad en las líneas de financiamiento. Del total presupuestado, $300 millones irán a gastos de capital y $250 millones cubrirán gastos corrientes vinculados a los proyectos seleccionados. El decreto lleva la firma de Frigerio y de la ministra Verónica Berisso, al frente de la cartera de Desarrollo Humano.
El programa contempla dos modalidades de apoyo. La primera apunta al fortalecimiento de las actividades de las organizaciones: pueden acceder grupos asociativos, cooperativas y organizaciones sociales formalmente constituidas. Los fondos permiten comprar equipamiento, bienes durables, pagar capacitaciones o contratar servicios con impacto comunitario. El tope en esta línea es de $3,1 millones por proyecto.
La segunda línea está orientada a los espacios físicos donde funcionan esas organizaciones. Acá las cooperativas quedan afuera: solo acceden organizaciones sociales formalmente constituidas. Los recursos pueden usarse para construir, ampliar, remodelar o refaccionar sedes propias o inmuebles cedidos en comodato por al menos cinco años. En este caso, el financiamiento puede llegar hasta $6,8 millones por organización.
La autoridad de aplicación será la Dirección de Turismo y Política Social del Ministerio de Desarrollo Humano, que tendrá a cargo la evaluación de los proyectos, la verificación de requisitos y el control del uso de los fondos. La ministra Berisso quedó habilitada para aprobar los proyectos seleccionados y autorizar los pagos mediante resoluciones ministeriales, con rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El programa no exige que las organizaciones estén radicadas en una ciudad en particular: el alcance es provincial, lo que habilita a grupos de distintos puntos de Entre Ríos a presentar sus proyectos y competir por los fondos disponibles.
