El campo argentino está en el centro de un debate que no es nuevo pero que vuelve con fuerza: ¿hasta dónde puede llegar la mano extranjera sobre la tierra? Un proyecto de ley en danza propone eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de empresas o personas de otros países, y eso no es un detalle menor.
La iniciativa, que avanza en el ámbito legislativo nacional, toca uno de los puntos más sensibles de la política agraria: la restricción a la extranjerización de la tierra. Hoy existe un tope legal que limita cuánto suelo rural puede quedar en manos foráneas. El proyecto propone borrarlo, aunque no de manera total ni sin condiciones.
El texto mantiene controles especiales para zonas de frontera, donde la soberanía territorial hace que cualquier transferencia de dominio tenga implicancias estratégicas evidentes. Fuera de esas áreas sensibles, sin embargo, la puerta quedaría abierta de par en par para que capitales extranjeros adquieran campos sin restricciones de superficie.
Pero el proyecto no se agota en la cuestión de la propiedad. También introduce modificaciones en tres frentes que merecen atención: el régimen de desalojos, el mecanismo de expropiaciones y el manejo del fuego en tierras rurales. Tres temas que, en Entre Ríos, tienen historia y peso propio. La provincia conoce de sobra los conflictos por ocupación de tierras, los incendios de campo que arrasan con pastizales y montes nativos, y las disputas por el valor de lo que el Estado decide expropiar.
La discusión de fondo es política y económica al mismo tiempo. Quienes impulsan el proyecto argumentan que atraer inversión extranjera al sector agropecuario genera desarrollo, empleo y tecnología. Quienes se oponen advierten que vender tierra es vender algo que no se recupera: el suelo no se fabrica, no se importa, no se reemplaza.
En provincias como Entre Ríos, donde la tierra tiene un valor productivo y simbólico central, este tipo de iniciativas suelen despertar reacciones fuertes en el sector ruralista, en los gremios agropecuarios y también en los movimientos que defienden la tierra como bien común. El debate recién empieza, y las posiciones están lejos de acercarse.
El proyecto deberá recorrer el camino legislativo antes de convertirse en ley, y en ese trayecto es esperable que sufra modificaciones, resistencias y negociaciones. Lo que está claro es que el texto pone sobre la mesa una redefinición profunda de quién puede ser dueño del suelo argentino y bajo qué condiciones.
