No fue un error administrativo ni un descuido burocrático. Fue, según las propias palabras del ministro Guillermo Bernaudo, “una banda delictiva organizada para estafar al Estado”. La causa Jóvenes Emprendedores terminó con un juicio abreviado en el que los exfuncionarios implicados confirmaron los hechos, y ahora el Estado entrerriano va por la plata.
La Fiscalía de Estado se constituyó como actora civil en la causa y reclamará el total de los fondos sustraídos, una cifra que, según estimaciones oficiales, supera el millón de dólares. El período investigado abarca aproximadamente cuatro años y los muestreos realizados detectaron alrededor de 750 casos. Un número que, si se confirma en su totalidad, convierte a este escándalo en uno de los más graves de la administración pública provincial en la última década.
Bernaudo describió con crudeza el nivel de encubrimiento que encontraron al asumir: funcionarios volcando lavandina sobre documentación días antes del cambio de gestión, en un intento desesperado por borrar evidencia. “Lo que quedó demostrado de forma contundente en escuchas telefónicas”, remarcó el ministro, dejando en claro que el intento fue en vano. La participación del Gobierno en la investigación fue activa: aportaron información, recuperaron lo que se intentó destruir y acompañaron a la Fiscalía en cada paso.
Lo que más incomoda, y el propio Bernaudo lo admitió, es que todo esto “pasó desapercibido a lo largo de años a las autoridades superiores y a todo el sistema de control operativo”. Los delitos se extendieron a través de dos gestiones de gobierno y pasaron por las manos de tres o cuatro ministros de distintas áreas. Una cadena de omisiones que, como mínimo, obliga a revisar cómo funciona el control interno del Estado provincial.
El origen del expediente estuvo en el Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades en las rendiciones y derivó los antecedentes a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción. Desde allí se formuló la denuncia penal y comenzó la investigación del Ministerio Público Fiscal. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue categórico: “No fuimos neutros frente a esta investigación”. La Constitución y la legislación vigente impiden al Poder Ejecutivo actuar como querellante en una causa penal, pero el Estado encontró el camino de la acción civil para reclamar el resarcimiento económico.
Bernaudo aclaró que ninguna de las personas implicadas continúa en la estructura del ministerio. La única excepción que marcó fue la de Pedro Gebhart, quien pasó al Senado durante la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora, fue removido en el período actual y luego fue contratado por el bloque del peronismo. El dato quedó flotando en el aire, sin mayor desarrollo, pero con peso propio. Ahora la Justicia tiene la palabra sobre cuánto deberán devolver quienes se llevaron lo que era de todos.
