¿Puede el gobierno de Frigerio avanzar con la reforma jubilatoria sin consultar a los entrerrianos? Un estudio jurídico dice que no y presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar el debate legislativo hasta que se convoque a una consulta popular.
La presentación del estudio Giampaolo & Asociados busca poner un freno de mano al proyecto que se debate en la Legislatura provincial. Los abogados representan a referentes de Concordia, Paraná, Victoria, Villaguay y Gualeguaychú, entre otras ciudades, que ven con preocupación cómo se pretende modificar el sistema previsional sin preguntarle nada a la gente.
El argumento es contundente: las modificaciones en análisis exceden una cuestión administrativa y podrían involucrar cambios en condiciones jubilatorias, aportes previsionales y facultades que actualmente corresponden a la Legislatura provincial. En otras palabras, no es un simple ajuste técnico sino una reforma de fondo que afectaría a miles de trabajadores, jubilados y pensionados.
Los demandantes no se andan con vueltas. Sostienen que cualquier modificación en materia previsional debe ser examinada a la luz de los principios de protección de los derechos sociales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, especialmente aquellos que limitan la adopción de medidas regresivas en seguridad social.
La consulta popular prevista en la Constitución entrerriana aparece como la herramienta adecuada para debatir una reforma que podría cambiar la vida de miles de entrerrianos. ¿No es lógico que antes de tocar las jubilaciones se consulte a quienes van a verse afectados?
Ahora la pelota está en la cancha del Superior Tribunal, que deberá decidir si hace lugar a la cautelar y frena el trámite legislativo. Mientras tanto, la iniciativa oficial sigue bajo análisis en la Legislatura como parte del paquete de medidas impulsadas por el gobierno provincial para reformular el sistema previsional entrerriano.
