La reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio acaba de recibir otro golpe judicial que puede complicar seriamente sus planes. Un estudio jurídico presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar en seco el tratamiento legislativo del proyecto hasta que se realice una consulta popular.
¿Puede el gobierno provincial seguir adelante con una reforma tan polémica sin escuchar la voz de los entrerrianos? La pregunta cobra fuerza después de que los abogados patrocinantes argumentaran que una modificación de esta magnitud al sistema previsional requiere necesariamente el aval ciudadano a través de una consulta.
El proyecto de ley que busca reformar el sistema jubilatorio entrerriano viene generando resistencia desde múltiples sectores. Los gremios estatales ya advirtieron sobre el impacto negativo en los derechos adquiridos, mientras que organizaciones sociales cuestionan la falta de participación ciudadana en el diseño de la propuesta.
La medida cautelar presentada ante el máximo tribunal provincial apunta directamente al corazón del debate: la legitimidad democrática de una reforma que afectará a miles de trabajadores estatales y jubilados. Los peticionantes sostienen que cambios de esta envergadura no pueden decidirse únicamente en el recinto legislativo.
Ahora la pelota está en la cancha del Superior Tribunal, que deberá evaluar si efectivamente corresponde suspender el trámite legislativo. Mientras tanto, el gobierno de Frigerio enfrenta un nuevo obstáculo en su agenda de reformas estructurales que prometió durante la campaña electoral.
La decisión judicial podría marcar un precedente importante sobre los límites del poder legislativo cuando se trata de reformas que modifican derechos fundamentales de los ciudadanos entrerrianos.
