Lo que Francisco Azcué vendió como la gran modernización del centro concordiense terminó siendo un papelón administrativo de manual. El intendente tuvo que dar marcha atrás con la ampliación de la Peatonal de Concordia después de que los propios comerciantes le plantaran la bandera y lo obligaran a cancelar una licitación que ya tenía cuatro ofertas sobre la mesa.
El Decreto N° 522/2026, firmado el 3 de junio y publicado recién este martes, anuló de un plumazo la Licitación Pública N° 07/2026 y mandó al archivo un expediente que había avanzado hasta tener ofertas concretas. Las cuatro empresas participantes habían presentado propuestas que iban desde los $47.653.075 hasta los $79.507.574, pero todo quedó en la nada por la resistencia de quienes más conocen el centro: los comerciantes.
¿Cómo se explica semejante desbarajuste? La Subsecretaría de Obras Públicas había arrancado el proyecto con encuestas que supuestamente arrojaban un 80% de viabilidad. Con esos números en la mano, el Ejecutivo se animó a una prueba piloto colocando módulos móviles para ensanchar el sector peatonal. Pero cuando la teoría se encontró con la realidad, el resultado fue completamente opuesto.
Los frentistas no solo expresaron “descontento y disconformidad” sino que en la reunión del 21 de marzo dejaron en claro su “clara postura en contraposición” al proyecto. La contradicción es tan evidente que duele: mientras las encuestas municipales hablaban de una aceptación del 80%, el contacto directo con los comerciantes derivó en un rechazo tan contundente que hizo caer una obra ya licitada.
Lo más llamativo es que la marcha atrás se produzca varios meses después de iniciado el procedimiento y una vez conocidas las ofertas económicas. Cocco Construcciones S.R.L., Cyalco S.R.L., Jorge Fabricio Altamirano y Eduardo Marcelo Chezzi presentaron sus propuestas para nada, aunque el Municipio se escuda en que puede cancelar el proceso sin indemnización alguna según la Ordenanza N° 34.698.
El decreto también menciona “la crisis que azota al comercio del radio céntrico” y reconoce que este tipo de intervenciones requieren del mayor consenso ciudadano. Una obviedad que debieron haber considerado antes de gastar tiempo y recursos públicos en un proceso que terminó en el tacho de basura por falta de diálogo previo con los principales afectados.
