¿Qué sabían las autoridades municipales cuando aseguraron públicamente que todo estaba bajo control en el Parque Industrial? Los hallazgos judiciales de los últimos días ponen en tela de juicio las versiones oficiales y abren interrogantes sobre un posible encubrimiento ambiental en Gualeguaychú.
El PAR (Partido Argentino Revolucionario) local salió con los tapones de punta tras conocerse que la Justicia Federal encontró dos sistemas de bypass clandestinos y clausuró llaves de paso irregulares durante los allanamientos en el predio industrial. Lo más grave: no había documentación sobre esa actividad prohibida.
La bronca del espacio político tiene fundamentos sólidos. Apenas el 23 de abril pasado, en una audiencia pública en el Corsódromo, tanto la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) como la subsecretaria de Ambiente municipal, Ivana Zecca, habían asegurado que el tratamiento de efluentes estaba “en proceso de normalización” y que el caudal se encontraba regulado en 15 metros cúbicos por hora.
Pero los hechos posteriores desmienten esa versión oficial. Los sistemas de bypass detectados por la Justicia Federal estaban diseñados específicamente para derivar efluentes hacia otros sectores, esquivando los controles. Una maniobra que resulta incompatible con la información que se había brindado públicamente apenas unas semanas antes.
Los números que maneja el PAR son demoledores: desde hace más de un año se viene denunciando el vertido de efluentes industriales con un caudal estimado de 150 metros cúbicos por hora. Eso equivale a 150.000 litros por hora y más de 1.300 millones de litros al año que terminan llegando al río Gualeguaychú, la fuente de agua para potabilización de la ciudad.
La pregunta que flota en el aire es incómoda: ¿las autoridades que participaron de la audiencia pública desconocían la existencia de estos sistemas clandestinos o la comunidad recibió información deliberadamente incompleta? En cualquiera de los dos casos, el panorama es preocupante.
Desde el PAR exigen ahora la publicación inmediata y completa de todos los análisis realizados sobre los efluentes industriales, incluyendo los de la canaleta Parshall, el punto de vuelco final y el agua destinada al consumo humano. También reclaman que se determine con claridad quiénes eran responsables de los controles y qué acciones realizó cada organismo interviniente.
El caso pone en evidencia lo que el PAR considera un “estrepitoso fracaso” de los mecanismos de control y eventualmente responsabilidades por acción u omisión ante un presunto delito de contaminación ambiental. La defensa del río Gualeguaychú y la salud de la comunidad están en el centro de una polémica que recién empieza y que promete traer más revelaciones en los próximos días.
