El contrato que puso a Teknofood S.A. a cargo de la provisión de alimentos para casi mil comedores escolares de Entre Ríos tiene un problema serio: nadie sabe bien cómo se hizo. Y ahora alguien lo está preguntando formalmente, con reserva de ir a la Justicia si no hay respuesta.
El abogado y referente de UCR Activa, Rubén Pagliotto, presentó un pedido de acceso a la información pública con 24 puntos que apuntan directo al corazón del proceso: quiere saber si hubo licitación pública, licitación privada, concurso de precios, contratación directa o algún otro mecanismo. Y si fue contratación directa, exige que se identifique la causal legal invocada. No es un detalle menor: la diferencia entre una licitación transparente y una contratación directa sin justificación puede significar millones de pesos adjudicados sin competencia real.
El pedido incluye copia íntegra del expediente administrativo y del acto de adjudicación, los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, protocolos nutricionales, informes bromatológicos y certificados de calidad. También pregunta si intervinieron organismos de control como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, y si existieron dictámenes jurídicos previos. En otras palabras: si alguien controló algo antes de firmar.
Pagliotto además quiso saber cuáles son los mecanismos de fiscalización del contrato en curso: cómo se controla la calidad nutricional de lo que llega a los comedores, las condiciones de inocuidad y qué sanciones o causales de rescisión están previstas si la empresa incumple. También preguntó por los antecedentes comerciales, financieros y contractuales de Teknofood como proveedora del Estado provincial, y si el Gobierno los evaluó antes de seleccionarla.
El contexto no es menor. El cambio de sistema de provisión fue anunciado mientras proveedores de Concordia denunciaban demoras importantes en los pagos de mayo y junio, con deudas que, según comerciantes del sector, oscilan entre los 40 y los 100 millones de pesos por proveedor. Ese es el escenario en el que el Gobierno provincial decidió centralizar la compra en una sola empresa.
La respuesta oficial hasta ahora fue escueta: el proceso licitatorio se realizó conforme a la normativa vigente y la empresa cumplió con los requisitos técnicos y administrativos. Sin embargo, en el anuncio oficial no se difundieron el monto del contrato, las condiciones económicas de la adjudicación ni el expediente administrativo. Dicho de otro modo: el Gobierno dijo que todo estuvo bien, pero no mostró nada.
Pagliotto dejó formulada reserva de iniciar acciones administrativas y judiciales si hay silencio, respuesta incompleta o negativa infundada. El plazo lo fija la Ley Provincial N° 11.191 de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario N° 292/2025. La pelota quedó en la cancha del Ejecutivo entrerriano.
