La investigación por enriquecimiento ilícito contra Gustavo Bordet pegó en el corazón del entramado empresarial que la justicia sospecha usó el ex gobernador peronista para ocultar bienes. Este jueves, cuatro allanamientos simultáneos en Concordia pusieron en el centro de la escena a Salvador Carubia, el empresario señalado como posible testaferro del actual diputado nacional.
Los operativos ordenados por el fiscal José Arias y el Juzgado de Garantías de Entre Ríos no fueron casuales. Apuntaron directo a los negocios de Carubia: dos sucursales de Colorshop sobre avenida San Lorenzo Este y en la esquina de Urquiza y Salta, el local Super Color de avenida Independencia, y su vivienda en el exclusivo barrio privado Altos de Zorraquín. ¿Qué buscaban? Pruebas de las maniobras que habrían permitido a Bordet disimular un patrimonio incompatible con sus ingresos como funcionario público.
El golpe no fue en vano. Los investigadores se llevaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes. La pista que llevó hasta Carubia surgió de los allanamientos anteriores en las propiedades de Bordet, donde encontraron mobiliario de alta gama de la marca Johnson que, según las facturas, habría sido comprado por el empresario entre 2016 y 2019.
Pero acá viene lo más jugoso: aunque Carubia y la firma GRUPPA 3 SRL aparecen como compradores en la documentación, las entregas se realizaron en domicilios que usaba Bordet. ¿Coincidencia? La fiscalía no lo cree. Para los investigadores, es un indicio más de las maniobras para ocultar gastos y bienes del ex mandatario provincial mediante terceros.
La conexión entre ambos no se limita a los muebles. Carubia y su esposa le compraron a Bordet un terreno en el loteo Mena-Beckman, sobre avenida Chajarí y San Lorenzo. El detalle que encendió las alarmas: Hugo Mena y Flavia Beckman están imputados en la causa Contratos de la Legislatura entrerriana. Las casualidades, en la justicia, no existen.
Estos procedimientos se suman a los allanamientos de principios de mayo en las propiedades directas de Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila. La investigación busca determinar si durante los años en que el peronista ocupó cargos públicos existió un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados, reconstruyendo operaciones inmobiliarias y movimientos económicos sospechosos.
Bordet, mientras tanto, mantiene su posición: rechaza las acusaciones y sostiene que todo su patrimonio está debidamente justificado. La justicia entrerriana, sin embargo, parece decidida a desentrañar cada hilo de una madeja que promete seguir dando sorpresas en los próximos meses.
