La paciencia se agotó en el campo entrerriano. Los productores federados salieron con los tapones de punta contra la Justicia provincial por la falta de celeridad en los casos de delitos rurales que tienen en vilo a las familias que trabajan la tierra.
El reclamo no es menor: robos reiterados y carneadas indiscriminadas que están poniendo en jaque la actividad productiva y, lo que es peor, la seguridad de quienes viven en el campo. Los productores no se quedan callados y apuntan directo al corazón del problema.
“La Policía hace su trabajo”, reconocen los ruralistas, pero ahí viene el pero que duele: “los delincuentes los dejan en libertad”. Una frase que resume la bronca de todo un sector que se siente desprotegido por un sistema judicial que, según ellos, no está a la altura de las circunstancias.
Los delitos rurales no son joda en Entre Ríos. Hablamos de familias que viven en el campo, muchas veces aisladas, que ven cómo les roban el ganado, les destrozan los alambrados y les generan pérdidas millonarias. Y cuando la Policía logra atrapar a los responsables, la sensación es que todo vuelve a fojas cero.
La carneada indiscriminada es uno de los flagelos que más preocupa. No es solo el robo del animal, es toda una cadena de violencia que afecta la producción y genera un clima de inseguridad que no se puede sostener. Los productores lo saben y por eso reclaman que la Justicia actúe con la misma velocidad que ellos necesitan para seguir produciendo.
El campo entrerriano necesita respuestas concretas, no promesas. Los productores federados pusieron el dedo en la llaga de un problema que trasciende lo económico y toca la fibra íntima de la seguridad rural. La pelota está en el tejado de la Justicia provincial.
