El femicidio de Nancy Godoy dejó a Esquina en el centro de una tormenta que no se parece a ninguna otra. La maestra rural fue asesinada en Corrientes después de denunciar las pésimas condiciones de la escuela donde se desempeñaba, y ahora vos entendés que el caso obliga a mirar hacia arriba, hacia el poder político.
El abogado de la familia, Gustavo Briend, calificó el crimen de hecho sádico y sostuvo que las lesiones habrían sido provocadas por distintas personas. Según su lectura, la docente fue torturada, murió desangrada y el cuerpo fue desmembrado, mientras los investigadores buscan determinar dónde ocurrió el ataque y cómo se produjeron las heridas.
“Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona”, afirmó el letrado al describir el perfil psicológico de los acusados. Esa frase pesa como plomo: no habla de un impulso ciego, sino de una voluntad calculada para infligir dolor. La hipótesis de un cautiverio que habría durado días complica todavía más el escenario.
El letrado señaló que los cortes en distintas partes del cuerpo indicarían intención de hacer sufrir a la víctima. También planteó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido. De ahí la posibilidad de que varias personas hayan intervenido y de que las lesiones se hubieran generado en distintos momentos.
La reconstrucción del hecho apunta a identificar la zona primaria, el lugar donde se cometió el crimen. Se señala que el escenario sería una estancia utilizada como coto de caza privado, sin las autorizaciones pertinentes. Además, testimonios de la zona sugieren que ese punto estaría en un corredor donde circula la droga que ingresa desde Paraguay.
A eso se suma la denuncia de una organización para cometer el crimen y para eliminar rastros. El abogado habló de un acto de salvajismo y de una secuencia que todavía debe ser confirmada por las pericias. Se señala que la investigación se enredó cuando las implicaciones comenzaron a tocar a los estamentos institucionales y políticos.
La maestra había presentado una carta denunciando los hechos ante la ministra de Educación de la provincia, y se señala que esa denuncia nunca fue investigada ni tomada en cuenta. Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿qué pasó con una alerta que llegó a la política? El gobernador Juan Pablo Valdés, responsable político de la seguridad y la educación a nivel provincial, queda en el centro de ese interrogante, aunque no dio su versión.
El caso recuerda al de Loan: cuando las sospechas toman al poder político y a las fuerzas de seguridad, todo se complica y se dificulta. Los docentes de todo el país manifiestan el dolor y consideran medidas de fuerza para que la justicia no abandone la investigación. La causa sigue en curso, con pericias pendientes y una pregunta que todavía no tiene respuesta.
