La pregunta no es menor: ¿por qué seguís limitando el contacto entre personas privadas de libertad y sus familias?
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos reclamó al Servicio Penitenciario provincial que derogue la circular implementada durante la pandemia que restringe las visitas.
El planteo surgió en una reunión realizada este miércoles, donde los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak recibieron a autoridades del Gobierno y del Servicio Penitenciario para analizar condiciones de alojamiento.
Desde el Servicio Penitenciario argumentaron que las restricciones responden a cuestiones de seguridad y que una ampliación significativa del número de visitantes dificultaría las tareas de control, identificación y verificación de los vínculos familiares.
Sin embargo, la Sala Penal pidió dejar sin efecto la circular dictada durante la emergencia sanitaria y garantizar las visitas conforme a la legislación vigente.
También se consultó por la alimentación de las personas detenidas. Las autoridades penitenciarias informaron que cada unidad cuenta con un presupuesto para comprar insumos a proveedores locales, con los que se elabora un menú semanal, que contempla dietas especiales por razones de salud y es supervisado por el área de Sanidad.
En cuanto al contacto familiar, el Servicio Penitenciario indicó que el área de Servicio Social realiza entrevistas periódicas y que se gestionan traslados hacia unidades cercanas a los domicilios de los allegados cuando las circunstancias lo permiten. También mencionó la posibilidad de realizar videollamadas, aunque aclaró que no tiene responsabilidad sobre el traslado de los familiares hasta las cárceles.
Otro punto central fue el Centro de Monitoreo Electrónico, que supervisa a 216 personas mediante dispositivos distribuidos en 28 localidades entrerrianas.
El organismo dispone de 240 equipos, pero 216 están instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica: 16 se encuentran en reparación y apenas ocho están disponibles para reemplazos y contingencias.
Según el informe presentado ante el STJ, las personas supervisadas se distribuyen en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4; 153 condenados con arresto domiciliario controlado por GPS; y otras 24 personas alojadas en unidades penales que tienen autorizadas salidas laborales o familiares.
La mayor concentración se registra en Paraná, con 85 personas monitoreadas; Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.
El Centro cuenta con 12 funcionarios destinados a tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, mediante guardias rotativas.
Los registros del sistema informático reciben aproximadamente 6.000 eventos diarios. De ese total, entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores.
Entre las tareas se encuentran el seguimiento de alertas, las comunicaciones con las personas supervisadas y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados. También se realizan intervenciones ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales.
El pedido del STJ vuelve a poner en el centro un debate pendiente: cómo garantizar el régimen de visitas establecido por la ley sin descuidar la seguridad de las unidades. La respuesta no puede seguir postergada.
