Un adicional que representa el 71,5% del sueldo del intendente y sobre el que no se paga ni un peso de aportes jubilatorios. Eso es lo que denuncia el exintendente de Estancia Grande, Daniel Esteban Lladós, ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. La presentación, realizada el 18 de mayo de 2026, pide que el organismo active sus facultades de fiscalización y auditoría sobre el municipio.
El centro de la denuncia es la Ordenanza Municipal Nº 332/24, aprobada por el Concejo Deliberante local, que creó la llamada «Asignación por Representación Jerárquica». La norma la calificó como «no remunerativa y no permanente», lo que técnicamente la excluye de la base sobre la que se calculan los aportes previsionales. Pero ahí está la contradicción que Lladós señala: los propios fundamentos de la ordenanza reconocen que el concepto está vinculado a la función, es de percepción habitual y se relaciona con el ejercicio del cargo. Para el exintendente, esa contradicción no es un error: es una maniobra.
Los números que acompañan la denuncia son contundentes. Según una planilla oficial de haberes del intendente Pablo Javier Goldín, obtenida por acceso a la información pública, la liquidación de febrero de 2026 muestra un sueldo básico más antigüedad de $1.999.018,60 y un adicional por la ordenanza cuestionada de $5.031.488. Total bruto: $7.031.506,60. Los descuentos previsionales, según la denuncia, se aplican solo sobre el básico. Sobre los más de cinco millones restantes, el aporte a la Caja sería, en palabras del propio escrito, de «cero pesos».
Lladós no deja el argumento en lo meramente formal. Invoca el principio de primacía de la realidad: un concepto que se cobra todos los meses, de manera habitual, no deja de ser remunerativo porque una ordenanza municipal lo llame de otra manera. Sobre esa base, sostiene que la Ordenanza Nº 332/24 es inconstitucional e inaplicable para determinar los aportes previsionales.
El denunciante también advierte sobre el efecto sistémico del mecanismo. Si la Caja convalidara este esquema, cualquier municipio de la provincia podría replicarlo: crear adicionales formalmente «no remunerativos», engordar los sueldos de sus funcionarios y vaciar la base de aportes al sistema solidario. El riesgo no es solo para las arcas del organismo previsional, sino para todos los jubilados cuyo haber se calcula en función de los salarios activos.
El propio Lladós tiene interés directo en el asunto: sostiene que su jubilación se calcula sobre una porción reducida del salario del intendente en actividad y no sobre la totalidad de los ingresos que, según entiende, deberían integrar la base. La denuncia fue presentada con patrocinio del abogado Matías E. J. Lladós y tramita de forma independiente del recurso jerárquico que el exintendente ya elevó ante el gobernador Rogelio Frigerio. La Caja de Jubilaciones tiene ahora la palabra.
