El reloj corre y la tensión sube. Este miércoles a las 9:30 el Senado de Entre Ríos intentará aprobar el proyecto de reforma previsional, una iniciativa que lleva semanas encendiendo el debate y que hoy enfrenta su prueba de fuego en medio de un paro y una nueva movilización callejera.
El proyecto, que fue modificado durante su tratamiento en comisión, establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más relevantes que el oficialismo fue incorporando figura un aporte solidario del 3% para los trabajadores activos que cobren más de 3 millones de pesos, más una contribución patronal adicional del mismo porcentaje para sostener el déficit de la Caja. En cuanto a la edad jubilatoria, se fijó en 65 años para varones y 60 para mujeres, y el cálculo del haber inicial pasó de computar los últimos 10 años de servicio a los últimos 15 años.
Pero los cambios no alcanzaron para bajar la temperatura. Las organizaciones que integran la Multisectorial sostienen que las modificaciones no alteran su rechazo de fondo a la reforma y convocaron a un paro con movilización que partirá desde Plaza Mansilla, donde Agmer mantiene desde hace semanas una carpa como símbolo de resistencia a la iniciativa. La imagen de esa carpa instalada frente al poder político dice bastante sobre el nivel de hartazgo acumulado.
El debate previsional no ocurre en el vacío. La provincia atraviesa al mismo tiempo un conflicto salarial con los docentes: los gremios rechazaron la última oferta del Gobierno en la mesa paritaria y se declararon en estado de beligerancia. El Ejecutivo, por su parte, dio por cerrada su propuesta y el diferendo ingresará a una instancia de conciliación administrativa. Un camino que rara vez satisface a nadie.
El escenario se completa con los trabajadores estatales, que también rechazaron la propuesta salarial oficial. Sin embargo, un decreto del Gobierno les otorgará el incremento aunque no haya sido acordado con los representantes gremiales, una jugada que en la práctica impone la pauta sin el aval sindical. La sesión de hoy, entonces, no es solo un trámite legislativo: es el termómetro de una provincia donde la relación entre el Ejecutivo y los trabajadores del Estado llegó a uno de sus puntos más calientes en lo que va del año.
