Tres meses. Ese es el tiempo que llevan los comedores y merenderos comunitarios de Paraná sin recibir partidas alimentarias del Estado. No es un rumor ni una queja aislada: es la denuncia que hicieron referentes de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y que resume, con brutal claridad, cuatro palabras: “Las ollas están vacías”.
La situación que describieron es tan concreta como preocupante. Los espacios comunitarios que día a día alimentan a los sectores más vulnerables de la ciudad llevan noventa días sosteniendo su actividad únicamente con donaciones. Sin partidas oficiales, sin respuesta institucional, y con una demanda que no para. Los referentes reclamaron una solución urgente y advirtieron que la cuerda ya está demasiado tensa.
Lo que está en juego no es un trámite burocrático. Detrás de cada comedor y merendero hay familias, pibes, adultos mayores que dependen de ese plato de comida como única garantía de alimentación del día. Cuando el Estado se ausenta, son las propias organizaciones las que ponen el cuerpo, la militancia y la solidaridad de vecinos para cubrir el bache. Pero la solidaridad también tiene límites.
La protesta de la UTEP pone sobre la mesa una pregunta que incomoda: ¿quién decide cuándo y cómo llegan los recursos a quienes más los necesitan? Las demoras en las partidas alimentarias no son un accidente administrativo. Son el resultado de decisiones políticas y presupuestarias que tienen consecuencias directas en la mesa de los más pobres.
Hasta el momento, no hubo respuesta oficial de las autoridades competentes ante el reclamo de las organizaciones. La pelota queda en la cancha del Estado, con el reloj corriendo y los comedores mirando el fondo de una olla que ya no tiene nada para dar.
