La batalla por las cajas jubilatorias provinciales ya empezó. Los trabajadores judiciales de todo el país, incluidos los entrerrianos, se reunieron el pasado 28 de mayo para analizar lo que consideran un ataque directo del gobierno nacional contra sus sistemas previsionales.
El encuentro, organizado por la Federación Judicial Argentina (FJA), tuvo la participación destacada de José María “Chechi” Segura, secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), quien estuvo a cargo de la apertura del evento que reunió a medio centenar de trabajadores judiciales.
Las palabras del secretario general de la FJA, Matías Fachal, no dejaron lugar a dudas sobre la gravedad de la situación: “La situación ya precaria del sistema jubilatorio se profundizó gravemente a partir de las políticas del Gobierno nacional. En diferentes provincias vemos un ataque sobre los institutos previsionales”.
¿Qué está en juego exactamente? Según los especialistas presentes en la jornada, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que profundiza “la política jubilatoria de los años noventa, desde una mirada privatista impulsada por los organismos internacionales de crédito”, como explicó Luciano González Etkin, especialista en Derecho Previsional.
La situación es particularmente delicada para provincias como Entre Ríos, donde miles de trabajadores judiciales han aportado durante décadas a sus cajas previsionales provinciales. El ataque no es solo económico: es constitucional. Como advirtió María Inés Giménez, de la Asociación Judicial Bonaerense, “en muchas provincias, para reformar el sistema jubilatorio hay que modificar las constituciones”.
Los trabajadores judiciales entrerrianos, representados por AJER en este frente de batalla, saben que no pueden quedarse de brazos cruzados. La defensa de las cajas jubilatorias no es solo una cuestión gremial: es la protección de décadas de aportes y la garantía de un futuro digno para quienes dedicaron su vida al servicio de justicia.
La organización sindical será clave en esta disputa. Los participantes del encuentro coincidieron en que es momento de “apuntalar un plan de lucha” que trascienda las fronteras provinciales y unifique la resistencia contra lo que consideran un embate sistemático contra los derechos previsionales de los trabajadores estatales.
