En Concordia, la sesión del Concejo Deliberante dejó una escena que condensa la bronca de los jubilados: un cuarto intermedio, una comitiva recibida al final y una derivación que, según la Mesa Coordinadora, terminó en un laberinto institucional.
La presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, recibió a los referentes tras un cuarto intermedio impulsado por Jorge López. Allí, los jubilados expusieron el colapso de las prestaciones de PAMI, la crisis de OSER y el peso de la salud pública local.
Según la Mesa, la titular del Concejo atribuyó en un primer tramo la problemática de PAMI al ámbito nacional y sostuvo que el municipio y el cuerpo no tienen injerencia. Los jubilados marcaron una contradicción: se ponderó la gestión provincial y se admitió que el sistema público absorbe a una masa masiva de afiliados sin obra social, pero se desestimó abordar la crisis a nivel local.
La comitiva fue derivada con los concejales Verónica Del Boca y Emanuel Godoy, ambos de JxER, señalados como responsables del expediente vinculado a la Banca del Pueblo. En ese diálogo, los jubilados obtuvieron una negativa similar: la problemática excedería las atribuciones del Concejo y no habría herramientas para iniciar investigaciones.
El malestar creció cuando, según relataron los referentes, se sugirió el uso de la línea 107 para resolver urgencias de salud. La organización calificó esa respuesta como un desatino, porque el reclamo no era una emergencia puntual, sino la saturación de un sistema que ya no da abasto.
¿Qué hacés vos cuando te derivan de un despacho a otro y te dicen que la salud no es cosa del Concejo? La respuesta de los jubilados fue clara: seguir en el reclamo y exigir que el cuerpo legislativo no se lave las manos.
Después, la comitiva se trasladó a la oficina del concejal Godoy, acompañado por la concejal Yaiza Pessolani Bechet, de La Libertad Avanza. Allí se reiteró la idea de canalizar los reclamos por el Consejo de Adultos Mayores y se argumentó que la mayoría de los pedidos excedía el ámbito local.
Los jubilados rechazaron ese criterio. Para ellos, la falta de medicamentos, la reducción de fármacos del Plan Remediar y las demoras críticas en tratamientos oncológicos —que, según autoridades de OSER, pueden demorar entre 30 y 45 días— configuran una emergencia humanitaria que afecta a los vecinos de Concordia.
La Mesa Coordinadora denunció además que, según información transmitida por el bloque oficialista, existiría resistencia por parte de un sector de los concejales para obstaculizar el otorgamiento de la Banca del Pueblo. En Concordia, la denuncia quedó como un nuevo frente de tensión política.
Pese a las negativas y derivaciones institucionales, los jubilados y pensionados ratificaron que no cesarán en sus demandas. Exigieron un pronunciamiento formal por parte de los ediles y reafirmaron su derecho a ser escuchados en la búsqueda de soluciones para garantizar una atención sanitaria adecuada y una vida digna.
