La medida no cayó bien en el mundo jurídico. El Colegio de la Abogacía salió a cuestionar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de restringir el horario de las presentaciones electrónicas. Para el Colegio, no se trata de un ajuste menor, sino de un cambio que golpea el funcionamiento diario de la justicia.
Santiago Esquivel, presidente del Colegio, fue directo: la restricción representa un retroceso y reclamó que se revierta. En la práctica, el reclamo apunta a que la justicia digital no quede atrapada en un horario que, según el sector, puede complicar el acceso a los trámites.
El fondo del problema no es solo el reloj. Es la forma en que hoy se litiga: con escritos que se cargan por sistema, plazos que corren sin pausa y profesionales que necesitan previsibilidad. Si se cierra una ventana horaria, la pregunta que queda flotando es simple: ¿quién responde cuando el expediente necesita una presentación y el sistema no habilita el ingreso?
En una provincia donde la distancia todavía pesa, el acceso digital a la justicia no es un lujo técnico. Es una herramienta para que el abogado, el litigante y el justiciable no pierdan tiempo por un detalle operativo. Limitar el horario puede verse como una forma de ordenar el sistema, pero también puede convertirse en un nuevo obstáculo para quienes dependen del expediente electrónico.
La postura del Colegio no es un capricho corporativo. Cuando un organismo profesional dice que una norma es un retroceso, está poniendo sobre la mesa un problema de servicio público: la justicia no puede funcionar a medias. Si el sistema digital se impone como vía de presentación, tiene que estar a la altura de esa exigencia, no cargado con restricciones que terminen frenando el trabajo diario.
El Superior Tribunal de Justicia no dio su versión sobre la medida en el marco del reclamo. En ese vacío, la discusión se instala en un punto sensible: la modernización judicial no puede confundirse con una reducción del acceso. Si el objetivo es ordenar las presentaciones electrónicas, la respuesta debería ser técnica, clara y compatible con el derecho a litigar sin obstáculos innecesarios.
La discusión queda instalada en el punto central: si la justicia entrerriana avanza hacia la digitalización, las reglas de presentación tienen que ser claras, previsibles y compatibles con el acceso a los trámites. El reclamo del Colegio de la Abogacía pone sobre la mesa ese debate, que sigue abierto.
