El amparo salió mal para quien quería mantener el aumento bancario. La Justicia rechazó la presentación contra la reforma jubilatoria de Entre Ríos y dejó la pelea en el camino.
El reclamante buscaba mantener el mecanismo anterior de movilidad, que ataba la actualización de los haberes a los incrementos salariales del sector bancario. En su lugar, el nuevo sistema toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Ahí apareció el dato que pesó: durante el proceso, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había percibido todos los aumentos bancarios hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
Y en septiembre, primer mes del nuevo mecanismo, el aumento fue del 3,5 por ciento, mientras que el incremento salarial bancario había sido del 1,9 por ciento. Es decir, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido por el régimen anterior.
El número importa. No es un tecnicismo: es la diferencia entre un jubilado que recibe más y uno que queda atrás. En un sistema que se sostiene con aportes, cada punto porcentual pesa en la caja y en el bolsillo.
La Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma. Sostuvieron que el planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse por los procedimientos judiciales específicos, no por una acción de amparo.
La defensa del Estado provincial no se quedó solo en la legalidad formal. Puso sobre la mesa la fragilidad financiera de un régimen que debe sostener su equilibrio para el conjunto de los beneficiarios.
La Fiscalía de Estado también expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad. Puso el acento en el carácter solidario del régimen y en los derechos del conjunto de los beneficiarios.
El magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y entendió que la controversia requiere un debate y una producción de pruebas más amplios que los que permite un amparo. Concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir la cuestión y rechazó la presentación.
El amparo, en este caso, no fue la puerta correcta. No es un veredicto de fondo: es un desvío de carril. La reforma no quedó blindada; quedó con la discusión pendiente, pero en un terreno donde se puede probar, debatir y eventualmente definir.
La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma. Estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, y con eso la discusión sigue abierta, aunque por otro carril.
