A las 10, el debate volvió a meterse en el expediente Hotesur–Los Sauces: nombres, montos y un relato fiscal que no deja espacio a la ambigüedad. Acá no hay humo: hay un expediente que se lee por secretaría y una acusación que describe un circuito de dinero.
En la cabeza del relato fiscal aparecen Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente. A la ex Presidenta también se le imputan lavado de dinero y recepción de dádivas, según el requerimiento que se sigue ventilando en el TOF 5.
El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general Diego Velasco. El debate no gira solo sobre la familia Kirchner: también involucra a un entorno de extrema confianza que, según la acusación, participó del circuito.
Por secretaría se continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente Los Sauces SA, la firma inmobiliaria. Allí, las estimaciones judiciales ubican las maniobras por encima de 30 millones de pesos, a valores históricos de 2015.
La acusación sostiene que más del 85% de los ingresos de la inmobiliaria dependían de las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Esa dependencia, según el relato fiscal, era la base del circuito que se investigaba en Los Sauces.
Solo por firmas vinculadas al Grupo Indalo, como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, se canalizaron directamente más de 18,5 millones de pesos, sumados a contratos indirectos por sociedades intermediarias. Esos números no son un detalle menor: explican cómo el dinero entraba por la vía inmobiliaria.
En el expediente de Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate, la Justicia investigó el blanqueo de activos mediante la contratación y garantía de ocupación de habitaciones que no siempre eran utilizadas por los contingentes de las constructoras. Según los cálculos de la acusación fiscal, a valores de 2015, por ese mecanismo hotelero habrían blanqueado aproximadamente 80 millones de pesos.
En conjunto, el circuito unificado contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período. De acuerdo con los requerimientos judiciales, esas maniobras derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.
La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines. El esquema describía simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.
El listado de imputados no se detiene en los nombres más conocidos: también aparecen Víctor Manzanares, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, entre otros, dentro de un entorno que la acusación describe como de extrema confianza. Esa amplitud del debate explica por qué el juicio se lee como una radiografía de un circuito empresarial y político que, según la fiscalía, se sostenía con obra pública, alquileres simulados y hoteles.
El juicio sigue su curso con una lectura que no es menor: cada contrato, cada transferencia y cada monto se convierte en una pieza del relato. En este tramo que se lee por secretaría, no aparece la versión de la defensa. Por ahora, la audiencia avanza, pero el peso de los números ya marca el tono del debate.
