La Ley de Tierras se convirtió en el nuevo campo de batalla político entre el Gobierno nacional y la oposición. El proyecto oficial, que busca flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros, chocó de frente con el rechazo de la Unión Cívica Radical, que cuestionó la iniciativa y complicó seriamente su avance en el Senado de la Nación.
La resistencia radical no es un detalle menor. Sin el acompañamiento del bloque de la UCR, el oficialismo no tiene los números para avanzar, y eso quedó en evidencia cuando la sesión fue postergada por falta de acuerdos. El debate, que ya generaba rispideces, deberá esperar al menos hasta agosto para retomarse.
El trasfondo del conflicto es político pero también ideológico. Flexibilizar los límites a la compra de tierras por extranjeros es una medida que divide aguas: para el Gobierno es parte de una agenda de apertura e inversiones; para sus críticos, es una cesión de soberanía territorial que no admite apuro ni improvisación. La UCR, al menos por ahora, se para firme en esa segunda vereda.
Lo que viene es una negociación que promete ser tensa. El Gobierno deberá decidir si cede en algunos puntos para sumar voluntades o sostiene el proyecto tal como está y apuesta a una correlación de fuerzas diferente en agosto. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de la norma seguirá siendo el dato político de la semana.
