La llamaron traidora. Le pegaron un cartel en la puerta del gremio. Y Gladys Domínguez, senadora provincial, decidió este viernes romper el silencio y salir a dar la cara. El escenario fue Feliciano, donde en la sede de AGMER apareció un cartel que la señalaba por haber votado a favor de la reforma previsional. La respuesta llegó por redes sociales, con dos publicaciones que no dejaron duda de que la legisladora no piensa retroceder.
«El derecho a reclamar, expresarse y manifestarse es un pilar de toda sociedad democrática», reconoció Domínguez. Pero enseguida marcó el límite: cuando ese reclamo «se transforma en un escrache, en agravios personales y en expresiones discriminatorias hacia una mujer por el solo hecho de pensar distinto», algo falla. Y la pregunta que lanzó tiene peso: «¿Cómo podemos pedirles a nuestros niños y jóvenes que respeten a quien piensa diferente si los adultos respondemos con el señalamiento, la agresión o la intolerancia?». Es una pregunta que incomoda, y está bien que incomode.
La senadora fue cuidadosa en separar la paja del trigo: aclaró que su respeto es hacia «los miles de docentes que cada día honran su vocación con compromiso, esfuerzo y dedicación» y que las actitudes de escrache no representan a ese colectivo. Pero la crítica a quienes recurrieron a la descalificación quedó firme y sin matices.
En cuanto al fondo del asunto, Domínguez explicó por qué votó que sí. Según sostuvo, el proyecto original no la convencía y trabajó para modificarlo antes de acompañarlo. Los cambios que enumeró son concretos: se redujo de 20 a 15 años el período para calcular el haber inicial; se mantuvo la edad jubilatoria diferencial de 65 años para varones y 60 para mujeres; se eliminó la jubilación a los 68 años para nuevos ingresantes; y se estableció un esquema de aportes municipales del 1,5% o 3% según la situación de cada municipio.
Además, la legisladora anunció que presentó un proyecto complementario para crear una Comisión Técnica de Control y Seguimiento del Sistema Previsional, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, trabajadores, jubilados y entidades profesionales, con el objetivo de monitorear de manera permanente el funcionamiento del sistema.
El argumento central de Domínguez para justificar su voto fue directo: «La peor decisión hubiera sido no hacer nada». Sostuvo que quedarse de brazos cruzados mientras el déficit de la Caja crece no protege a nadie, sino que la debilita hasta ponerla en riesgo. La polémica, de todos modos, está lejos de cerrarse: los gremios docentes mantienen su rechazo a la reforma y el debate sobre el sistema previsional entrerriano seguirá dominando la agenda legislativa en las próximas semanas.
