El reloj corre y la tensión sube. La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional lanzó la convocatoria a una huelga y movilización para el 15 de julio, en rechazo al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones que avanza en la provincia.
En un comunicado, la organización fue directa: la iniciativa mantiene, según sus palabras, «la misma decisión política» de cargarle el costo del déficit del sistema a los trabajadores activos y a los jubilados. Para la Multisectorial, las raíces del problema hay que buscarlas en las privatizaciones de los años noventa, en la falta de compensaciones del Estado nacional y en décadas de precarización laboral que erosionaron los aportes al sistema.
Los cuestionamientos concretos son varios y van al hueso. La organización rechaza la declaración de emergencia económica con facultades especiales para el gobernador y el presidente de la Caja, el aumento de la edad jubilatoria y de los aportes, y modificaciones en el cálculo de los haberes que, según advierten, afectarían el 82% móvil. También apuntan contra lo que denominan una «armonización encubierta» con el régimen nacional, y contra cambios que impactarían sobre las jubilaciones por invalidez y las pensiones.
El tono del documento no deja margen para la ambigüedad. La Multisectorial consideró que el conjunto de medidas implica «una intervención de hecho» del sistema previsional y apuntó directamente a los legisladores: convocó a los senadores provinciales a votar en contra del proyecto y les advirtió que «ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias». Pocas veces una convocatoria gremial habla con tanta claridad sobre responsabilidades políticas.
La movilización del 15 de julio se perfila como una prueba de fuerza para medir el peso real de la oposición a la reforma, mientras el proyecto sigue su curso legislativo en el Senado provincial.
