Uno de los peores semestres en materia de transferencias nacionales a las provincias. Los giros no automáticos de la Nación acumularon una caída interanual del 61,8% en el primer semestre de 2026, con transferencias totales que apenas alcanzaron los $640.000 millones, según un informe privado que encendió alarmas en los gobiernos provinciales.
El dato no es menor: se trata de una de las contracciones más pronunciadas que se recuerden en este tipo de medición. El ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las partidas discrecionales que la Casa Rosada distribuye entre los distritos del país ya no es una tendencia, es una política consolidada. Y las provincias lo sienten en sus cajas.
Sin embargo, en ese panorama de recorte generalizado, Entre Ríos logró posicionarse entre las jurisdicciones que más recursos recibieron. Un dato que, en el contexto actual, puede leerse como un logro relativo de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio —quien mantiene un vínculo político con el PRO, fuerza aliada del gobierno nacional— a la hora de negociar partidas con la administración central.
La caída del 61,8% interanual en los fondos no automáticos implica que las provincias recibieron menos de la mitad de lo que ingresaba un año atrás por esa vía. Esos recursos suelen financiar obras públicas, programas sociales y transferencias de emergencia que los presupuestos provinciales no pueden absorber por sí solos. Su retracción obliga a los gobernadores a elegir entre ajustar gasto, endeudarse o renegociar con el gobierno central.
El recorte se inscribe en la estrategia de equilibrio fiscal que el gobierno nacional lleva adelante desde su asunción, con el superávit primario como bandera. Pero el costo de ese equilibrio no lo paga solo la Nación: se distribuye, en buena medida, hacia abajo en la cadena federal. Las provincias absorben el ajuste y, en muchos casos, lo trasladan a los municipios.
Para Entre Ríos, el dato de estar entre las más beneficiadas dentro de un esquema de recorte general no alcanza para celebrar: los recursos siguen siendo significativamente menores a los del año anterior, y la presión sobre las finanzas provinciales es real. Lo que sí marca una diferencia es la capacidad de la provincia de mantener cierta llegada en la negociación con Buenos Aires, algo que no todas las administraciones provinciales pueden exhibir en este momento político.
