Dos voces que rara vez van juntas levantaron el mismo cartel de advertencia: la CGT y la Iglesia Católica salieron a presionar contra la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto elimina las restricciones vigentes para que extranjeros compren tierras en suelo argentino, y eso encendió todas las alarmas.
El eje del conflicto está en el capítulo que modifica la Ley de Tierras y borra la prohibición de que extranjeros adquieran más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. La CGT lo dijo sin rodeos en una serie de comunicados: “Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales”. Y fue más lejos: apuntó directamente contra los llamados tecnomagnates con vínculos con la Casa Rosada, en una alusión que no dejó lugar a dudas sobre la figura del empresario Peter Thiel.
También trajeron a la mesa el caso del empresario británico Joe Lewis y el conflicto por el Lago Escondido: según la central obrera, lo que hoy es una excepción escandalosa podría volverse regla si el proyecto se convierte en ley. El cierre del documento fue contundente, con fecha incluida: “A pocos días del Día de la Independencia, la Argentina no se vende”.
La Iglesia Católica, por su parte, llegó a conclusiones similares desde otro ángulo. El documento firmado por la Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) advirtió que el proyecto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes”. Además, cuestionaron otro punto que genera alarma: la modificación de la Ley de Manejo al Fuego, que habilitaría el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios, eliminando la restricción de 30 años que hoy impide emprendimientos inmobiliarios sobre esas superficies. El mensaje a los senadores fue directo: que guíen sus votos por el bien común, no por intereses particulares.
En el Senado, el oficialismo lleva tres intentos fallidos de llevar el proyecto al recinto. El texto obtuvo dictamen en mayo, con modificaciones que otorgaron más potestad a los gobernadores sobre la venta de tierras, pero nunca llegó a votarse. Las complicaciones derivadas del caso Adorni sumaron ruido en el peor momento. Ahora apuntan a la sesión del 16 de julio como la fecha definitiva, aunque el texto final todavía está en evaluación. La reunión de labor parlamentaria del miércoles será el termómetro real de cuántos votos tiene el oficialismo para cruzar la línea.
