¿Cómo investigás primero a los empleados y después a los jefes? Esa pregunta incómoda resonó ayer en los tribunales de Paraná cuando las defensas de la causa Contratos Truchos pidieron frenar la elevación a juicio hasta unificar con Contratos II. El planteo pone al descubierto una estrategia judicial que parece al revés: primero van al banquillo los funcionarios administrativos por el desfalco de 50 millones de dólares, y después las autoridades políticas que comandaban la Legislatura.
Cristhian Panceri, defensor de uno de los imputados, fue directo al hueso: “Es ilógico ordenar una investigación invertida, primero los partícipes y luego los autores”. El abogado recordó que cuando arrancó esta causa, el relato hablaba de “otras personas con funciones públicas hasta el momento no identificadas”. Ahora esas personas tienen nombre y apellido en Contratos II, pero van por el carril de la negligencia mientras sus subordinados enfrentan prisión efectiva.
La jueza Marina Barbagelata escuchó, se tomó un cuarto intermedio de 20 minutos y volvió con un doble rechazo. Primero, porque el planteo ya había sido resuelto. Segundo, porque consideró que no había “hecho nuevo” y que la apertura de Contratos II era una decisión propia del Ministerio Público Fiscal. Pero el argumento de las defensas tiene lógica: ¿cómo vas a juzgar a los empleados sin saber qué hicieron exactamente sus jefes?
El esquema es llamativo: en Contratos Truchos van por conductas dolosas con penas de prisión efectiva para empleados y funcionarios administrativos. En Contratos II, las autoridades de Senadores y Diputados del período 2008-2018 son investigadas por negligencia, con penas condicionales. La diferencia no es menor: unos van presos, otros no.
Emilio Fouces y Miguel Cullen, otros defensores, se sumaron al planteo aunque la jueza ya lo había rechazado. Fouces fue más allá y planteó que el “hecho nuevo” no era identificar a los funcionarios, sino la decisión del MPF de abrir Contratos II después de las alegaciones en la causa original. Una movida que, casualmente, llegó cuando ya estaban definiendo la estrategia para el juicio.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿por qué separar en dos causas lo que parece ser la misma organización que se llevó 50 millones del erario público? La respuesta puede estar en que es más fácil condenar a los empleados que a los políticos que manejaban el cotarro. Pero la justicia debería funcionar al revés: primero establecer responsabilidades de arriba hacia abajo, no empezar por los eslabones más débiles de la cadena.
