¿Ordenamiento patrimonial o puerta de entrada a futuras privatizaciones? La pregunta quedó flotando en el aire después de que el gobierno de Rogelio Frigerio reglamentara la polémica Agencia de Administración de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), un organismo que concentrará en sus manos todo el patrimonio estatal inmobiliario.
La flamante agencia no es cualquier oficina burocrática más. Tiene autarquía económica y financiera, estructura propia y la capacidad de actuar tanto en el derecho público como privado. Sus objetivos suenan técnicos: confeccionar un inventario único de inmuebles provinciales, regularizar dominios, administrar bienes fiscales. Pero hay un detalle que no pasa desapercibido: podrá obtener recursos de la venta de esos mismos bienes.
El cambio más significativo es el traslado de competencias que antes ejercía la Escribanía Mayor de Gobierno. La AABIPER se convierte así en la autoridad central de la política inmobiliaria provincial, con poder para intervenir en adquisiciones, cesiones, transferencias y disposiciones de inmuebles estatales. Un poder considerable en manos de un solo organismo.
Durante el debate legislativo, la oposición no se quedó callada. Advirtieron que concentrar tantas facultades en una agencia específica requiere mecanismos de control especialmente rigurosos, considerando el valor económico y estratégico de los bienes involucrados. No es para menos: estamos hablando del patrimonio de todos los entrerrianos.
Los críticos más duros llegaron a hablar de una eventual venta masiva de bienes públicos. Desde el oficialismo niegan esa interpretación y sostienen que la Ley 11.210 no autoriza por sí sola ningún plan de privatización. Lo que sí es innegable es la fuerte centralización de competencias y la creación de una estructura con autonomía para gestionar todo el patrimonio inmobiliario estatal.
El gobierno provincial defiende la iniciativa como una herramienta para ordenar un patrimonio históricamente disperso y avanzar en regularizaciones que arrastran años de atraso. Sus detractores, en cambio, insisten en que tanta concentración de poder exige mayores garantías de transparencia. En Entre Ríos, como en tantos otros lugares, el diablo siempre está en los detalles de la implementación.
