El diálogo entre poderes en Entre Ríos tiene un objetivo claro: evitar que la Caja de Jubilaciones provincial termine siendo un problema sin solución. Germán Carlomagno, presidente del Superior Tribunal de Justicia, se sumó públicamente al consenso que busca el gobernador Rogelio Frigerio para asegurar la viabilidad del sistema previsional entrerriano.
La coincidencia del Poder Judicial no es menor. Durante años, las jubilaciones provinciales fueron una bomba de tiempo que ningún gobierno quiso desarmar completamente. Ahora, con Carlomagno respaldando las gestiones oficiales, se configura un escenario político favorable para implementar las reformas que el sistema necesita urgentemente.
¿Qué implica este apoyo? Que el gobierno de Frigerio cuenta con el aval de uno de los poderes más influyentes de la provincia para avanzar en medidas que, probablemente, no serán populares pero resultan imprescindibles para la sustentabilidad del régimen jubilatorio. El diálogo intrapoderes, según destacó el propio Carlomagno, apunta a construir consensos amplios.
La Caja de Jubilaciones entrerriana arrastra déficits estructurales que se profundizaron en los últimos años. Entre el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y los desequilibrios actuariales, el sistema necesita reformas de fondo que trascienden las medidas cosméticas. El respaldo judicial a estas gestiones marca un punto de inflexión en un tema que históricamente generó resistencias corporativas.
Con este apoyo, Frigerio suma un actor clave para enfrentar las negociaciones que se vienen. La sustentabilidad del sistema previsional no es solo una cuestión técnica: es una definición política sobre el futuro de miles de entrerrianos que esperan cobrar su jubilación sin sobresaltos.
