¿Cuántas veces un medio publicó una información y después se enteró de que era falsa? La pregunta no es menor en tiempos donde las noticias vuelan por las redes y la presión por informar primero puede costar caro. Muy caro.
El caso Julio César Campillay contra varios medios de comunicación marcó un antes y un después en el periodismo argentino. El hombre había sido vinculado con distintos delitos a partir de información policial, pero después fue sobreseído definitivamente. La bronca lo llevó a demandar a los medios que reprodujeron esas versiones. Y ahí empezó todo.
La Corte Suprema se encontró con un problema clásico: hasta dónde puede llegar la libertad de informar cuando se trata de noticias que pueden arruinar la reputación de una persona. La respuesta no fue ni blanco ni negro, sino un gris que todavía hoy genera debates en las redacciones.
El tribunal fue claro: la libertad de prensa ocupa un lugar preferente en el sistema constitucional, pero no puede pisotear otros derechos como el honor y la integridad moral. De ahí nació la famosa doctrina Campillay, que funciona como un salvavidas para los medios que reproducen información de terceros.
Los tres recaudos son simples pero decisivos. Primero: atribuir directamente la información a una fuente identificable. Segundo: usar el tiempo verbal potencial, ese “habría” o “estaría” que tanto molesta a algunos editores. Tercero: mantener en reserva la identidad de las personas involucradas.
¿Para qué sirve esto? Para que un medio no termine transformando una versión ajena en una afirmación propia. La diferencia entre decir “la policía informó que Juan Pérez robó un banco” y “Juan Pérez robó un banco” puede costar una fortuna en daños y perjuicios.
La finalidad no es exigir al periodismo una verificación absoluta de cada dato antes de publicar. Esa carga volvería impracticable la función informativa, especialmente en noticias urgentes o vinculadas con investigaciones en curso. Pero sí impone una pauta de prudencia que muchas veces se olvida en el apuro.
El punto central está en el modo en que se construye la noticia. Si el medio reproduce información falsa sin identificar la fuente, sin usar lenguaje conjetural y sin preservar la identidad del afectado, corre el riesgo de comerse un juicio millonario.
La doctrina Campillay funciona como una regla de equilibrio que protege el flujo de información sobre asuntos de interés público, pero exige ciertos cuidados mínimos cuando la noticia puede dañar reputaciones. En un país donde las demandas por daño moral se multiplican, conocer estas reglas no es un lujo: es supervivencia.
