¿Que hace un funcionario municipal dando como domicilio el corralon de la ciudad para una empresa que termino estafando a un vecino? La pregunta retumba en Concordia despues de que saliera a la luz una denuncia que salpica directamente a la gestion del intendente Francisco Azcue.
La historia arranca hace casi cinco años, cuando un tal Latronico confio en la promesa de una vivienda que nunca llego. Como parte del trato, entrego un Renault Logan y sumo varias transferencias bancarias a las cuentas que le indicaron los supuestos empresarios de TOLUME SRL. Pago todo, espero, reclamo y al final se quedo con las manos vacias: ni casa, ni auto, ni plata.
Pero el verdadero escandalo empezo cuando la abogada Agostina Gisbert Molina metio la lupa en los detalles. Resulta que uno de los denunciados, un tal Estrada, habria usado como domicilio de referencia nada menos que Moulins 964: el corralon municipal de Concordia. No cualquier direccion, sino dependencias oficiales de la ciudad.
La letrada no se anduvo con vueltas y le mando una nota directa al intendente Azcue. En el escrito, marca la irregularidad de que un agente publico haya facilitado una referencia institucional para una operatoria privada que termino en estafa. “Afectacion a la confianza publica y a la integridad de la funcion administrativa”, dice textual la denuncia.
Segun trascendio, Estrada se desempeñaria como Director del area de Higiene Urbana. O sea, no es un empleado cualquiera: tiene rango y responsabilidades. ¿Como explica que su nombre aparezca vinculado a una empresa que opero desde el corralon municipal y despues desaparecio con la plata de la gente?
Los supuestos empresarios de TOLUME SRL siguieron el manual clasico de la estafa: cobraron, prometieron, demoraron y cuando llegaron los reclamos, cortaron toda comunicacion y cerraron el domicilio comercial. Dejaron al damnificado hablando solo y con un agujero economico que ya lleva casi cinco años abierto.
La investigacion sobre los bienes y el accionar de la empresa sigue su curso en los tribunales provinciales. Mientras tanto, en Concordia queda la pregunta incomoda: ¿que control hay sobre el uso de las dependencias municipales y quien responde cuando un funcionario las pone al servicio de negocios privados que terminan mal?
