miércoles , 28 febrero 2024
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Continuó el debate en plenario de Diputados

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados siguió ayer el debate del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, con la presencia de organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil.

En esta ocasión, durante el plenario, expusieron referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados, la Cámara de la Industria del Petróleo, la Unión Industrial Argentina, el Inadi, la Fundación Huésped y la jurista Aída Kemelmajer, entre otros.

En este marco, el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), que lleva adelante el plenario, anticipó que los pedidos “los vamos a tratar con las autoridades” de las otras dos comisiones “para darle una respuesta a cada una de las solicitudes de ustedes”.

CUESTIONAMIENTOS. El primer expositor fue el referente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Lisandro Ganuza, quien sostuvo que el proyecto “no incluye a las zonas francas. No vemos acciones que generen competitividad para cumplir con un precepto de exportar más” y solicitó que se incorpore una alícuota para la producción y servicios del 15 por ciento “para generar competitividad a las provincias que promuevan nuevas inversiones y generen empleo”.

Desde Productores Tabacaleros, Pedro Pascutini, cuestionó el proyecto, al sostener que “si bien tiene cosas positivas como la eliminación de precio mínimo o el tema de lo que hace a la trazabilidad y control externo entendemos que eso no basta para nosotros. No vemos el beneficio para la producción”.

Por su parte, Claudia Pugliese, de la Asociación de Profesionales del Servicio Social, manifestó su “profundo rechazo” a los aspectos de salud mental incorporados en la ley, al sostener que “no sólo ha sido concebida a espaldas del Congreso sin participación de usuarios y trabajadores implica un retroceso, porque se volverá a modelos que han fracasado”.

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