El campo entrerriano habló. Y lo hizo con claridad: Federación Agraria de Entre Ríos cerró su Asamblea Anual Ordinaria, organizada por la filial Crespo, con un rechazo contundente a la posible derogación de la ley que limita la extranjerización de tierras en el país. Una posición que no es nueva en el sector, pero que hoy cobra urgencia ante el avance del proyecto oficial.
Los delegados no se anduvieron con vueltas. Frente a la chance de que el gobierno nacional habilite la venta irrestricta de campos a extranjeros, la entidad que históricamente representó al pequeño y mediano productor fijó postura: la tierra no se vende al mejor postor de afuera. El argumento es tan viejo como el campo mismo, pero sigue siendo válido: sin límites a la extranjerización, los que menos tienen son los primeros en quedar afuera del mapa.
Pero la asamblea no se quedó en un solo frente. Los federados también cuestionaron la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 en materia de semillas, una iniciativa que, según advirtieron, habilitaría el patentamiento de eventos de mejoramiento vegetal y eliminaría el derecho histórico del productor a guardar y resembrar su propia semilla. Para el pequeño productor, eso no es un detalle técnico: es la diferencia entre sobrevivir o depender eternamente de una multinacional.
La lista de problemas que se pusieron sobre la mesa fue larga. La presión fiscal sigue siendo, según los propios productores, insostenible. A eso se le suma la falta de financiamiento accesible, una traba que golpea especialmente a los productores chicos y medianos que no tienen espalda financiera para aguantar campañas difíciles. En Entre Ríos, eso tiene nombre y apellido: el arrocero que no llega, el citricultor que no puede renovar.
Y justamente esas dos economías regionales, el arroz y la citricultura, ocuparon un lugar central en el debate. Productores de ambas actividades describieron una situación de falta de rentabilidad e incertidumbre que pone en jaque el futuro de sectores que son columna vertebral de varias localidades entrerrianas. No es un diagnóstico nuevo, pero la reiteración del problema sin respuesta concreta empieza a sonar a alarma.
En el plano institucional, la asamblea ratificó la postulación del productor arrocero Luciano Challio como director del Distrito III de Federación Agraria Argentina. También fueron confirmados Gastón Velásquez y Lucero Kuhn como coordinadores de la Juventud Federada, una señal de que la entidad apuesta a renovar cuadros sin abandonar las banderas históricas.
El mensaje de la asamblea fue claro: en Entre Ríos, los productores organizados no están dispuestos a mirar en silencio cómo se desmantelan las herramientas que, durante décadas, frenaron la concentración de la tierra y protegieron la producción familiar. El debate sobre la Ley de Tierras y UPOV 91 recién empieza, y la Federación Agraria ya eligió de qué lado pararse.
