El campo entrerriano tiene sus propios tiempos, pero también sus propios límites. Federación Agraria Entre Ríos se plantó esta semana contra uno de los proyectos más polémicos que impulsa el gobierno nacional: la derogación de la Ley de Tierras, la norma que desde hace años frena la extranjerización del suelo productivo argentino.
El rechazo fue formal y contundente. Se dio en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la entidad, el espacio donde los pequeños y medianos productores de la provincia se juntan a tomar decisiones que los afectan directamente. Y la decisión fue clara: no a la derogación de una ley que, para ellos, es una barrera necesaria frente al avance del capital extranjero sobre la tierra.
Pero el comunicado no se quedó solo en ese punto. La entidad también disparó contra la adhesión argentina a UPOV 91, el convenio internacional sobre variedades vegetales que, según sus críticos, limita los derechos de los agricultores a guardar y reutilizar semillas. Para Federación Agraria, esa adhesión representa otro golpe a los productores más chicos, que dependen de esa práctica para sostener su economía.
A eso se sumó una queja que viene de larga data pero que no pierde urgencia: la “insostenible presión fiscal” que recae sobre el sector. Con esas palabras, la propia entidad describió una situación que, según plantean, ahoga a quienes trabajan la tierra sin las espaldas financieras de los grandes grupos agropecuarios.
El tercer eje del reclamo fue el financiamiento. Federación Agraria pidió por líneas de crédito accesibles y condiciones que permitan a los pequeños y medianos productores planificar, invertir y sostenerse en un contexto económico que no les da tregua. Sin financiamiento, advierten, la concentración de la tierra en pocas manos se profundiza sola, sin necesidad de que ninguna ley extranjera lo habilite.
El timing del pronunciamiento no es casual. El debate sobre la derogación de la Ley de Tierras viene ganando temperatura en el Congreso nacional, impulsado desde el gobierno de Javier Milei como parte de una agenda de desregulación amplia. Para sus defensores, la norma vigente espanta inversiones; para quienes la defienden, como Federación Agraria, es el último dique antes de que el suelo productivo argentino quede en manos de fondos y capitales sin arraigo local. Entre Ríos, provincia con una fuerte tradición de colonos y productores familiares, tiene mucho en juego en ese debate.
