El debate sobre el patrimonio público de Entre Ríos volvió a encenderse. En el centro de la polémica está el gobernador Rogelio Frigerio (PRO) y un proceso que sectores críticos describen como un vaciamiento progresivo de las tierras fiscales provinciales, con etapas que incluyen endeudamiento en dólares y, ahora, la posible enajenación de bienes del Estado.
Según quienes siguen de cerca la gestión provincial, el esquema tendría dos patas principales. La primera: deuda pública en moneda extranjera contraída durante años, con tribunales de reclamo radicados en Nueva York, una cláusula que en la historia argentina ya tuvo consecuencias concretas en casos resonantes como el de los fondos buitre o el litigio por YPF. La segunda: la designación de funcionarios con poder de firma para avanzar en decisiones patrimoniales de alto impacto.
En ese rol aparecen dos nombres que concentran las críticas: el abogado Eduardo Asueta y Lucía Varisco, hija del histórico dirigente radical Sergio Varisco, quien fue condenado judicialmente por su vinculación con una red de tráfico de drogas. Ambos funcionarios son señalados por sectores opositores como los ejecutores visibles de decisiones que, sostienen, responden a una estrategia diseñada desde arriba.
La figura de Frigerio tiene una historia larga en la provincia. Su primer vínculo con Entre Ríos data de mediados de los noventa, cuando operó como gestor de créditos internacionales en el marco de la política financiera del menemismo. Ese antecedente es el que sus críticos invocan hoy para trazar una línea de continuidad entre aquella etapa y la actual gestión como gobernador.
El ex gobernador Gustavo Bordet (peronista) también aparece en este relato: sectores opositores sostienen que durante su administración se tomaron créditos en dólares gestionados con la intermediación de Frigerio, lo que habría profundizado el endeudamiento provincial. Bordet no ha respondido públicamente a esas caracterizaciones en el marco de este debate específico.
Lo concreto, más allá de las interpretaciones políticas, es que Entre Ríos arrastra una deuda pública en moneda extranjera de peso significativo, que la provincia es una de las más ricas del país en términos de recursos naturales y tierra productiva, y que cualquier decisión sobre el patrimonio fiscal tiene consecuencias directas para generaciones futuras. El debate sobre quién gana y quién pierde con ese proceso está lejos de cerrarse.
