La eliminación de Ingresos Brutos es uno de los caballitos de batalla del debate fiscal argentino. Pero cuando se ponen números sobre la mesa, el panorama es menos alentador que los discursos: las provincias más grandes del país necesitarían entre 14 y 19 años para desarmarlo sin hundir sus cuentas públicas.
Un trabajo de la Fundación Mediterránea pone en perspectiva el desafío real. Córdoba requeriría 16 años de plazo, incluso asumiendo un crecimiento sostenido de su economía provincial. Santa Fe se ubica en 14 años, la más optimista del grupo. Y Buenos Aires, la provincia con mayor peso fiscal del país, necesitaría 19 años para hacer la transición sin déficit.
El dato no es menor para Entre Ríos, que comparte con estas provincias la dependencia estructural de este tributo tan cuestionado como difícil de reemplazar. Ingresos Brutos es un impuesto que grava en cascada, distorsiona precios, penaliza la producción y encarece los costos a lo largo de toda la cadena de valor. Economistas de distintas corrientes coinciden en que es uno de los impuestos más dañinos del sistema tributario argentino. El problema es que también es uno de los más rendidores para las arcas provinciales.
La pregunta que nadie quiere responder en voz alta es: ¿con qué se reemplaza? Porque eliminar Ingresos Brutos sin una fuente alternativa de financiamiento equivale a abrir un agujero en el presupuesto que ningún gobernador está dispuesto a asumir, al menos no en soledad y sin garantías del gobierno nacional.
El debate sobre la reforma tributaria lleva décadas en la agenda argentina sin resolución. Cada vez que la economía crece, la urgencia baja. Cada vez que hay crisis, la recaudación se vuelve prioridad y la reforma queda para después. El estudio de la Fundación Mediterránea pone en números lo que muchos saben pero pocos dicen: incluso con voluntad política y viento de cola económico, el camino es largo. Dieciséis años para Córdoba no es un horizonte político, es casi cuatro mandatos gubernamentales.
Mientras tanto, el sector productivo sigue cargando con un impuesto que acumula críticas pero no pierde vigencia. La discusión sobre cómo financiar el Estado sin ahogar a las empresas seguirá siendo uno de los nudos centrales del federalismo fiscal argentino en los próximos años.
