Un nuevo golpe judicial para Manuel Adorni. El juez federal Ariel Lijo dispuso la prohibición de salida del país para el vocero presidencial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que viene avanzando con paso firme y que ya empieza a incomodar en las alturas del Gobierno nacional.
La medida no es menor: una restricción de salida del país es una señal clara de que la instrucción judicial considera que existe riesgo de fuga o, al menos, que el imputado no puede moverse con total libertad mientras se investigan los hechos. Adorni, quien ocupa el cargo de vocero de la Presidencia de la Nación y es una de las caras más visibles del gobierno de Javier Milei, queda así bajo una restricción concreta que complica su agenda y, sobre todo, su imagen pública.
Lo que agrava el cuadro es que la causa no se limita a su figura. Según trascendió, la investigación también alcanza a integrantes de su entorno familiar, lo que convierte el expediente en algo más que una molestia procesal: es una causa con ramificaciones que el juez Lijo parece decidido a explorar hasta el fondo.
Adorni es una figura que el oficialismo construyó como símbolo de transparencia y comunicación directa. Que hoy enfrente una investigación por enriquecimiento ilícito y una restricción judicial es, como mínimo, una paradoja que no pasa desapercibida. ¿Cómo sostiene la credibilidad del portavoz oficial alguien que tiene al Poder Judicial mirándole las cuentas?
La causa sigue su curso en el fuero federal. Por ahora, Adorni no puede salir del país y la investigación continúa avanzando. Ninguna de las partes involucradas dio su versión pública sobre los alcances de la medida al momento de conocerse la resolución judicial.
