El Gobierno nacional tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que apunta a varios sectores sensibles de la vida cotidiana. Medicamentos, garrafas, alquileres y arrendamientos rurales están en la mira de una iniciativa que, si avanza, va a cambiar reglas que llevan años sin tocarse.
El proyecto contempla modificaciones en la venta de medicamentos, un mercado que en la Argentina combina regulación sanitaria con intereses comerciales de peso. También incluye cambios en el mercado inmobiliario, sector que todavía digiere los efectos de la derogación de la ley de alquileres impulsada en el arranque de la gestión Milei. La pregunta que se hacen propietarios e inquilinos es si esta nueva vuelta de tuerca va a ordenar el mercado o va a profundizar la desigualdad entre las partes.
Pero el paquete no para ahí. También prevé cambios en los arrendamientos rurales, materia delicada en una provincia como Entre Ríos donde el campo es columna vertebral de la economía. Las modificaciones al sistema de garrafas tocan directamente a los sectores populares que dependen del gas envasado, y cualquier desregulación en ese rubro tiene impacto directo en el bolsillo de los más vulnerables.
El sistema financiero, las cooperativas, los traductores públicos y la actividad vitivinícola completan un mapa sectorial amplio que muestra la ambición del proyecto. La desregulación como filosofía de gobierno no es nueva en esta administración, pero la acumulación de sectores en un solo paquete marca una apuesta política clara: avanzar en bloque antes de que cada lobby sectorial tenga tiempo de organizarse para frenarlo.
El detalle fino de las modificaciones y el cronograma legislativo o ejecutivo para implementarlas todavía no fue comunicado oficialmente. Lo que sí está claro es que el Gobierno apuesta a que la desregulación reactive sectores que considera sobreregulados, mientras los afectados por cada cambio van a salir a disputar los términos del debate en cuanto el texto circule con precisión.
