Usaban fotos de Pinterest para simular emprendimientos que nunca existieron. Esa imagen lo dice todo sobre la audacia —o la impunidad— con la que se manejó el desvío de fondos del Programa de Jóvenes Emprendedores del gobierno provincial entrerriano durante la gestión pasada.
La causa judicial que investigó el esquema llegó esta semana a un acuerdo: los exfuncionarios imputados acordaron prisión condicional y el pago de más de 100 millones de pesos en concepto de reparación. No van presos, pero el expediente deja una foto bastante elocuente de cómo se administraron recursos destinados a pibes que querían arrancar un negocio.
La investigación detectó irregularidades en más de 300 créditos. El mecanismo era clásico en su brutalidad: proyectos armados en papel —o en este caso, con imágenes bajadas de internet— para acceder a los fondos sin ninguna intención real de montar un emprendimiento. El dinero entraba, el emprendimiento nunca aparecía.
Lo que llama la atención no es solo la maniobra en sí, sino la escala. Trescientos créditos no se desvían de un día para el otro ni sin que alguien mire para otro lado. El programa tenía controles, tenía responsables, tenía una cadena de aprobaciones. Que todo eso haya fallado —o haya sido deliberadamente ignorado— es una pregunta que el acuerdo judicial cierra en términos penales, pero que políticamente sigue abierta.
El esquema de prisión condicional implica que los exfuncionarios evitan el encierro efectivo a cambio de cumplir ciertas condiciones y afrontar la reparación económica pactada. Es una salida que la justicia habilita cuando se dan ciertos requisitos, pero que en casos como este siempre genera ruido: el daño fue concreto, los perjudicados fueron jóvenes que tal vez nunca accedieron a un crédito genuino porque el cupo estaba siendo vaciado.
La gestión de Gustavo Bordet —exgobernador peronista— es el marco político en el que se desarrolló el programa y, según surge de la causa, las irregularidades. El gobierno actual de Rogelio Frigerio heredó la causa y el escándalo institucional que implica. El cierre judicial no borra el expediente político: fondos públicos destinados a emprendedores jóvenes de Entre Ríos terminaron en otro lado, y eso tiene nombre y apellido.
El acuerdo homologado por la Justicia cierra la etapa penal del caso. Los exfuncionarios deberán cumplir las condiciones pactadas, incluyendo la devolución de los más de 100 millones de pesos acordados. La causa queda como un registro concreto de lo que puede pasar cuando los controles internos de un programa social se convierten en letra muerta.
