Dos crisis laborales en simultáneo pusieron en alerta a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. El organismo convocó de oficio a una audiencia entre la empresa Unión Bat y el sindicato que representa a los trabajadores, luego de que la firma ejecutara el despido de 105 empleados. Un número que no es menor y que obliga al Estado provincial a intervenir antes de que el conflicto escale.
La convocatoria de oficio no es un trámite menor: implica que la propia cartera laboral tomó la iniciativa sin esperar que alguna de las partes golpeara la puerta. Eso habla de la magnitud del caso. 105 trabajadores sin empleo de un día para el otro es una herida profunda para cualquier comunidad, y la Secretaría lo sabe.
Pero el panorama no termina ahí. El mismo organismo analiza dictar la conciliación obligatoria en el caso de Laboratorios Pyam, donde otros 11 trabajadores fueron cesanteados. Son menos que en Unión Bat, pero la lógica es la misma: evitar que los despidos queden consumados sin que haya siquiera una instancia de diálogo.
La conciliación obligatoria es una herramienta que el Estado puede usar para frenar los efectos de un conflicto laboral mientras las partes negocian. Si se dicta, la empresa quedaría obligada a suspender los despidos durante el período que dure el proceso. Es, en definitiva, un freno de mano antes del precipicio.
Lo que está en juego en ambos casos es concreto: familias entrerrianas que de un momento a otro se quedaron sin ingreso. La Secretaría de Trabajo tiene ahora la responsabilidad de conducir esas audiencias con firmeza y garantizar que los trabajadores tengan voz real en la mesa, no solo presencia formal. Los próximos días dirán si la intervención estatal llega a tiempo o si los despidos ya son un hecho irreversible.
