¿Como se adjudica una obra a quien cotizo $137 millones más que la competencia? Esa pregunta resuena en el Concejo Deliberante de Concordia después de que la concejal justicialista Carolina Amiano convocara formalmente al secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, para que explique una decisión que tiene a todos hablando.
La polémica gira en torno a la repavimentación de calle Ricardo Rojas, una obra que el intendente Francisco Azcué presentó como parte de “la mayor inversión en infraestructura de la historia de Concordia”. Pero los números no cierran: la empresa santafesina MEM Ingeniería SA había ofertado $875 millones, mientras que la bonaerense Piuterra SA cotizó más de $1.012 millones. ¿Adiviná cuál ganó?
El asunto se puso más espeso cuando salió a la luz una contradicción familiar que parece sacada de una telenovela. El concejal oficialista Felipe Sastre defendió la adjudicación en el recinto, argumentando que la empresa más barata tenía antecedentes preocupantes en Santa Fe: rescisiones contractuales, incumplimientos y multas. Pero acá viene lo picante: su hermano Mateo Sastre, subsecretario de Obras Públicas, nunca mencionó esos antecedentes cuando fue consultado públicamente.
En declaraciones radiales, Mateo Sastre había explicado que descartaron a MEM Ingeniería “simplemente porque es una empresa especialista en instalaciones eléctricas” y porque “algunas cosas de su estructura de costos no tenían justificación suficiente”. Ni una palabra sobre rescisiones o multas. ¿Los hermanos no se hablan o alguien está improvisando sobre la marcha?
Lo que más llama la atención es que Piuterra SA no solo salió segunda en precio, sino que es “la primera vez que gana una obra en Concordia”, según confirmó el propio Mateo Sastre. El municipio está “expectante del trabajo que van a realizar”. Expectante de una empresa sin antecedentes locales y que cobró $137 millones más que la competencia.
El presupuesto oficial era de $781 millones, pero se adjudicó por más de $1.012 millones. Fuentes especializadas consultadas advierten que cuando una oferta supera significativamente el presupuesto oficial, debe haber dictámenes técnicos, contables y jurídicos que justifiquen la decisión. De lo contrario, pueden surgir observaciones del Tribunal de Cuentas, impugnaciones de otros oferentes e incluso nulidad administrativa.
La transparencia en las licitaciones no es un capricho burocrático: es la garantía de que los recursos públicos se usen con criterio. En Concordia, esa garantía está en tela de juicio, y los vecinos merecen respuestas que vayan más allá de las contradicciones familiares en el oficialismo.
Con informacion de: Diario Junio.
