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El descontrol de Azcué: funcionarios jubilados en riesgo penal por el caos administrativo

El descontrol de Azcué: funcionarios jubilados en riesgo penal por el caos administrativo
La gestión del intendente de Concordia acumula errores en el pago a funcionarios jubilados que podrían derivar en consecuencias penales. Improvisación tras improvisación.

¿Cómo se explica que una gestión municipal llegue al punto de exponer a sus propios funcionarios a riesgos penales por desprolijidades administrativas? El caso de los funcionarios jubilados de Concordia que cobraban a través del Código 600 ya no es solo un problema de gestión: es el retrato de una administración que navega sin brújula.

El intendente Azcué intentó presentar la situación como una simple “diferencia de criterio jurídico”. Pero los hechos son más duros: durante meses, funcionarios políticos jubilados cobraron remuneraciones sin realizar aportes previsionales, en clara contradicción con la jurisprudencia provincial vigente desde 2007. El fallo “Rovira c/ Caja de Jubilaciones de E.R.” ya había establecido que ejercer cargos siendo jubilado configura Abuso de Autoridad.

La improvisación alcanza niveles grotescos. En el mismo decreto que establece que las funciones son ad-honorem, reconocen textualmente que el pago es para “compensar las tareas y responsabilidades”. ¿Ad-honorem o remunerado? Parece que en Concordia pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, según convenga.

Pero la cereza del postre llegó el 23 de abril: mediante el Decreto Nº 355/26, Azcué les otorgó un aumento del 4% a quienes supuestamente les había dado de baja el Código 600 por “seguridad jurídica”. Es decir, eliminan el concepto pero mantienen el pago. Una genialidad administrativa que haría sonrojar a cualquier contador.

Las consecuencias ya no son solo administrativas. Funcionarios de trayectoria enfrentan intimaciones de la Caja de Jubilaciones para devolver sumas millonarias ya percibidas. Familias que organizaron su economía sobre ingresos que ahora están en cuestión. Carreras profesionales que pueden quedar marcadas por irregularidades que no generaron ellas.

Lo más grave es que esto podría derivar en responsabilidades penales si se acredita perjuicio al Estado o maniobras para sostener pagos de legalidad cuestionada. El costo humano de gobernar sin rigor previo se está cobrando en vidas concretas.

Cada nuevo problema en la gestión Azcué llega con la misma explicación: “reorganización” y “eficiencia”. Pero después de más de dos años, la acumulación de errores describe algo diferente: una administración que no tiene claro hacia dónde va y va dejando un tendal de consecuencias en la vida de los concordienses.

Con informacion de: Diario Junio.

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