En el fuero contencioso administrativo federal hay más de 40 presentaciones contra el mega DNU. El Gobierno elabora la estrategia con la cual apelará los fallos en materia laboral contra el DNU, mientras desde distintos sectores continúan presentándose recursos ante la Justicia.
Ariel Zak (Télam)
La decisión del juez del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico de desarmar el proceso colectivo provocó que vuelva a acelerarse la presentación de recursos judiciales contra el mega DNU 70/2023 cuya característica saliente es la desregulación de la economía. La mayor cantidad de presentaciones recayeron en dicho fuero con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hasta el viernes había más de 40 recursos, según constató Télam.
Entre las presentaciones detectadas por dicha agencia estaba la de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y la de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), mientras que la de la Federación de Municipios (FAM), que había sido presentada el 2 de enero, recién el viernes registró sus primeros movimientos.
Otra presentación que comenzó a moverse fue la de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, algo que también ocurrió con el recurso presentado por la Confederación Argentina de Deportes (CAD): en todos esos casos se dio vista a la fiscalía para que opine sobre el pedido de habilitar la feria judicial para tratar los planteos.
Por fuera del Contencioso Administrativo federal, los planteos judiciales vinculados a los temas como el de las prepagas comenzaron a multiplicarse en el Fuero Civil y Comercial Federal, a la vez que también se dispararon las presentaciones ante los tribunales federales con asiento en distintas jurisdicciones contra el mega DNU, por motivos diversos.
El desarme del proceso colectivo. La multiplicación de las presentaciones judiciales es uno de los efectos de la decisión del juez Lavié Pico en el expediente iniciado por una presentación de la Asociación Civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad, y dispuso desarmar el proceso colectivo hacía donde el Gobierno nacional pretendía hacer confluir todas las presentaciones contra el DNU. El juez resolvió “declarar la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo y comunicarlo al Registro de Procesos Colectivos, a fin de su desvinculación inmediata y remitir las actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso”.
En ese mismo fallo el magistrado había argumentado que “no puede dejar de advertirse que dentro de la generalidad de las personas que la Asociación actora dice representar, podrían existir personas que no se hayan visto alcanzadas por la normativa atacada, o que el nivel de afectación resulte diferente en cada situación”.
“Ello es así, toda vez que la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí”, sostuvo el magistrado, que luego enumeró: Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras.
Lavié Pico también resaltó en su fallo que las presentaciones contra el DNU tramitarían “en diferentes ámbitos judiciales, por lo que podrá, en su caso, examinarse de manera independiente y en relación a cada materia ante los diferentes tribunales en su competencia específica, ya que las decisiones sobre su aplicación y/o validez podrían ser diferentes en cada supuesto y en cada jurisdicción”.
Hasta este fin de semana, el DNU permanecía vigente en todos sus aspectos, salvo en su capítulo laboral: la CGT y luego la CTA consiguieron que la justicia laboral dictara medidas provisorias cautelares que suspendieron su aplicación.
Los fallos conocidos esta semana descompaginaron la estrategia del Gobierno que buscaba acumular todas las presentaciones en un solo proceso colectivo que tramitara en el fuero contencioso administrativo, lo que hubiera generado una especie de embudo judicial que hubiera demorado cualquier decisión. Por el gobierno, quienes trabajan en la estrategia judicial son el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con sus respectivos equipos de colaboradores.
Al principio de la semana, el Gobierno avisó a través de diversas vocerías que apelaría el fallo de la justicia del trabajo que frenó el capítulo laboral del DNU, pero hacia el viernes el ánimo cambió. “Está todo a análisis y a estudio. Es importante tener una estrategia integral para llevar adelante el objetivo. Las opciones ya están sobre la mesa. Es cuestión de elegir la mejor”, dijo a Télam una fuente que también adelantó que la palabra final será la de la Corte Suprema de Justicia.
