“Dos trabajadoras fueron privadas de su libertad bajo amenaza armada”. Esa frase, dura y precisa, encendió la alarma en la política local: la concejal Claudia Villalba (PJ) presentó un pedido de informes para que el municipio explique qué pasó, qué se robó, qué falló y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar en los centros de salud.
El pedido apunta a un episodio que, según relataron trabajadoras, ocurrió el sábado por la mañana en el Centro de Salud del barrio Capricornio, en la intersección de República Argentina y Fátima. Un hombre ingresó con un arma de fuego, cerró la puerta principal y mantuvo a dos empleadas prácticamente como rehenes durante varias horas, hasta aproximadamente las 14.30.
La concejal explicó que la solicitud se basa en varios hechos de los que se han enterado por diferentes vías en los centros de atención primaria y centros de desarrollo infantil, como Frutillitas, Semillitas de Amor, Santa Rita y Azahares, del barrio Los Pájaros. No es un reclamo aislado: es una foto de la inseguridad que se instala en lugares donde la gente busca atención, contención y cuidado.
Las trabajadoras del lugar sostuvieron que hay ausencia de efectivos policiales en el establecimiento. Según explicaron, hace aproximadamente tres o cuatro años se retiró la presencia policial de los centros de salud, una situación que, aseguran, las dejó expuestas ante posibles episodios de violencia. Ahí aparece la pregunta incómoda: si el riesgo es conocido, ¿por qué no ajustaste la protección a la realidad?
El pedido también reclama una lista detallada de los CAPS y CDI que hayan sufrido robos, hurtos o actos de violencia hacia su personal en los últimos meses, con los bienes, equipamientos médicos, tecnología, insumos y alimentos sustraídos o dañados. Además, exige una estimación de las pérdidas económicas para el municipio, el estado de las denuncias, las investigaciones y las acciones judiciales o administrativas.
También solicita un relevamiento del funcionamiento de las alarmas, los cerramientos perimetrales, las cámaras de monitoreo y el alumbrado público en el entorno de cada establecimiento. Y pide saber si hay presencia permanente o itinerante de la Policía de Entre Ríos, mediante adicionales o patrullaje, además del listado del personal de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana destinado a la custodia específica de los edificios.
Entre los CDI mencionados figuran Semillitas de Amor, con un jardín maternal municipal y un CDI dentro del CIC Víctor Oppel, en la zona de Moulins y Camba Paso. También aparecen Santa Rita y Azahares, en el barrio Los Pájaros, que asiste a familias de la zona noroeste de la ciudad, en las inmediaciones de Los Pájaros y Villa Cresto.
Villalba señaló que muchos de estos centros contaban con vigilancia de la Policía de Entre Ríos durante la noche y de la Guardia Urbana en horas diurnas. Pero los hechos sucedidos ponen en riesgo la integridad física del personal de salud y los elementos que forman parte del patrimonio de los edificios. La cuenta queda clara: no alcanza con lamentarse después; la prevención, la información y la reparación tienen que llegar antes de que otro sábado se convierta en una pesadilla.
