El campo entrerriano volvió a poner el tema sobre la mesa: La Paz fue escenario de una nueva reunión entre la Mesa de Enlace y la Policía de Entre Ríos. Se trató del tercer encuentro de articulación, después de los pasos previos en Bovril y Paraná.
En la sede de la Brigada de Delitos Rurales se repartieron nombres, cifras y preocupaciones. Estuvieron referentes de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas.
Por la fuerza de seguridad participaron el jefe de Policía, Claudio González; el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini; y el subdirector general de Prevención de Delitos Rurales, Horacio Raúl Ludi. El tono fue de trabajo: sin promesas sueltas, con datos sobre la mesa.
El balance fue directo: 32 destacamentos de Abigeato Rural, 49 denuncias por faenas desde el inicio de 2026 y unas 40 armas de fuego secuestradas en procedimientos prevencionales y contravencionales. No son números de escritorio: son el pulso de una problemática que sigue moviéndose en el campo.
En Bovril se desplegaron más de 120 efectivos; además, los controles a carnicerías derivaron en el decomiso de más de 1.000 kilos de carne. También se avanzó en la investigación sobre la vinculación entre el abigeato y otros delitos.
La agenda no fue una foto de circunstancia: la Mesa insistió en que las acciones preventivas deben sostenerse en el tiempo para evitar que el delito se traslade o se naturalice en el campo. Ese punto quedó claro: la continuidad importa más que el operativo puntual.
La Mesa no se quedó en el diagnóstico: propuso una red de monitoreo de 24 horas con cámaras públicas y particulares en caminos primarios, secundarios y terciarios. También pidió impulsar fiscalías rurales o fiscales especiales, como el proyecto Maneiro, y un protocolo de investigación para delitos rurales.
En el plano judicial, la idea es ordenar la mirada: un protocolo con pautas rápidas y coordinadas, fiscales especializados y una investigación que no se disperse. El objetivo no es solo reprimir, sino anticipar.
Además, se planteó reglamentar la ley sobre animales sueltos para reforzar controles sobre caballos en rutas y caminos rurales, priorizando la seguridad vial. También se buscó extender las inspecciones de la cadena de carne a frigoríficos y fábricas de chacinados, bajo el marco de la Ley de Carnes N° 7292.
El mensaje final fue claro: la coordinación entre el sector agropecuario, la Policía, la Legislatura y el Poder Judicial es el camino para darle seguridad y certezas a las familias rurales. En un territorio donde el delito se mueve rápido, la respuesta no puede ser lenta ni dispersa.
