La tarde del 26 de octubre, Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE ante la Cámara de Diputados. Lo hizo un día después de anunciarlo, con una carta que dejó una frase que no se olvida: “serenidad, con la satisfacción del deber cumplido”. La funcionaria dijo haber dedicado “más de tres décadas” al servicio de la democracia mexicana y remató: “Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y sus instituciones”. El organismo que dirigió desde abril de 2023 entra ahora en un relevo institucional.
La carta, compartida por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, sostiene que el instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal. Taddei también subrayó que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano y que la “estabilidad, la independencia y la fortaleza” del INE son primordiales para la “renovación pacífica de los poderes públicos”. Recordó los comicios de 2024 y del Poder Judicial en 2025.
El Congreso mexicano no se detuvo en la despedida. Monreal informó que la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, “con responsabilidad institucional”. El dato no es menor, y vos lo sabés: el INE difundió el comunicado de la funcionaria el 25 de octubre, lo retiró poco después y volvió a publicarlo, sin explicar la causa de la eliminación temporal. La propia Taddei habló de una “profunda reflexión”.
El fondo del caso es más áspero. La ASF abrió una investigación de oficio contra el INE por el presunto uso indebido de recursos públicos en contrataciones de materiales electorales. El órgano fiscalizador dijo el 23 de octubre que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, aunque no precisó procedimientos ni identificó personas. La revisión también alcanza a los Organismos Públicos Locales Electorales, empresas y personas servidoras públicas relacionadas.
Los señalamientos apuntan a contratos millonarios para papelería electoral, papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. También cuestionan si antiguos colaboradores mantuvieron nexos con proveedores y si declararon con veracidad sus intereses empresariales. La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo había pedido el 20 de octubre una inspección de la ASF para determinar si hubo uso indebido de recursos públicos.
La ASF justificó su intervención con nuevas facultades de investigación y aseguró que actuará con “absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”. El cierre de su comunicado fue directo: “¡Un México sin corrupción, es posible!”. Ahora, con Taddei fuera de la presidencia, el debate pasa a la selección del nuevo mando y a si el organismo podrá sostener la confianza electoral en medio de una pesquisa abierta.
